La inspección de trabajo considera que las irregularidades en los servicios mínimos no fueron graves y, por lo tanto, creen que se cumplió la ley
26 may 2014 . Actualizado a las 19:50 h.La Fiscalía dice que no se ha producido vulneración de derechos de los trabajadores en la movilidad interna que practicó el Hospital Povisa durante la huelga indefinida del 2003. Esa fue la conclusión que la fiscala comunicó a la jueza en una vista que se ha celebrado hoy en Vigo. Esta se basa en un informe de la inspectora de trabajo y por el acuerdo que firmó la dirección y el comité de empresa para ampliar los servicios mínimos. La Fiscalía añadió que la salud es lo más importante, por encima de la huelga. Sostiene que la huelga contó con una participación del 80 % de 1.300 trabajadores por lo que las posibles irregularidades apenas tuvieron incidencia en restarle eficacia al paro.
El Hospital Povisa ha sido juzgado esta mañana por, supuestamente, vulnerar los derechos fundamentales de los servicios mínimos en la huelga indefinida de agosto del 2013. El sindicato CGT demandó al hospital por trasladar a algunos trabajadores desde unos servicios a otros y cambiarles los turnos para sustituir a los huelguistas, lo que fue denunciado ante la inspección de trabajo, que hizo varias visitas y redactó un informe. La CGT reclama 8.000 euros de indemnización para enfermeros, limpiadoras, técnicos de laboratorio por su cambio de turnos entre el 19 al 29 de agosto. Pero la Fiscalía no no ve vulneración de derechos. Y apoya esta conclusión en que la inspección de trabajo considera que las irregularidades en los servicios mínimos en agosto del 2013 no fueron graves.
La vista se ha celebrado en el juzgado de refuerzo del social número 3 de Vigo y compareció la Fiscalía porque se dirimía una cuestión laboral relacionada con los derechos fundamentales.
La CGT asegura que la empresa quiso desanimar a los trabajadores. El acta de inspección revela que algunas camareras tuvieron que hacer servicios de limpieza, entre otros casos, como los de un administrativo que fue trasladado a recepción, o un almacenista a lencería, o enfermeras cambiadas de planta.
En el juicio ha declarado una inspectora de trabajo de Vigo, la jefa de Enfermería del hospital y varios miembros del comité de personal.
El sindicato interpreta que el acuerdo para ampliar los servicios mínimos nunca se llegó a firmar mientras que la defensa y la Fiscalía dan por válido un texto de e-mail que da por sellado el pacto.
La defensa alegó que el derecho de huelga no es ilimitado y choca con el derecho a la salud de las personas atendidas en Povisa en aquellas fechas. Cree que todo se reduce a un problema «interpretativo» y recordó que es complejo gestionar a una plantilla de más de mil trabajadores. De los 14 días de la huelga, sostiene que solo hubo 7 días con quejas sindicales ante la inspección de trabajo. «Hubiéramos querido que el comité hubiese comunicado a la empresa sus quejas para poder solucionarlas», señaló el letrado.
En total, según la versión del hospital, hubo 107 quejas, 2 quejas por turno de trabajo, cada uno con 600 trabajadores. «No se puede hablar de incumplimientos masivos», dijo. Admite que hubo casos puntuales que se resolvieron con buena fe. Y el hecho de no cumplir una orden de la Xunta no es una vulneración de derechos. Señaló que la primera huelga indefinida fue un éxito que obligó a cancelar el 80por ciento de las intervenciones. Fueron anuladas 101 operaciones en una semana de las 107 habituales y algunos pacientes de Traumatología empeoraron, «un caso lamentable y de repercusión nacional», según resaltó el letrado.
La defensa insistió en que la inspección confirmó que ningún trabajador ejerció una tarea de categoría inferior o superior, que la empresa tuvo voluntad de llegar a un acuerdo y que las incidencias fueron puntuales. Admite que hubo irregularidades al principio pero que se corrigieron tras las quejas del comité de personal.
La inspectora de trabajo, Ana Isabel Mariño, admitió ante la Fiscalía que, finalmente, optó por no iniciar un procedimiento sancionador porque no existe una tipificación de la sustitución interna como infracción. Le pareció un caso dudoso porque no hubo cambio de categoría funcional.
Sin embargo, la inspectora recalcó a la jueza que sí escribió una carta de advertencia a la empresa por una «conducta antisindical» que minimizó el impacto de la huelga, lo que suponía una vulneración de derechos de los trabajadores, aunque las consecuencias no fueron lo bastante graves.
La presidenta del comité de empresa de Povisa, de la CIG, negó que hubiesen firmado un acuerdo de ampliación de servicios mínimos en una reunión con la empresa aunque, en la práctica, el pacto sí se aplicó y que era vinculante. Sin embargo, asegura que tras el acuerdo hubo varios incumplimientos más de servicios mínimos en algunos departamentos. Además, relató que ella misma, que hacía huelga, fue sustituida durante la huelga por otro trabajador en su puesto.