La concejala pedirá que el alcalde de Nigrán asuma el total de los costes
25 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El juzgado anuló en diciembre el pleno de la Mancomunidad del Val Miñor del día 30 de abril y los acuerdos que se adoptaron en dicha sesión por vulnerar los derechos de la concejala socialista de Nigrán Dolores Araújo Duarte, a la que no dejaron entrar. La sentencia obligaba a repetir la sesión, en la que paradójicamente se habían aprobado los presupuestos anuales de esta entidad supramunicipal.
Pero la decisión del entonces presidente, Alberto Valverde, le ha salido aún más cara a la mancomunidad. El pleno aprobó ayer un reconocimiento extrajudicial de 5.224 euros para abonar varias facturas pendientes. Una de ellas asciende a 3.267 euros y es la de los honorarios que la mancomunidad abonará al abogado que le representó durante el proceso judicial. La asistencia del procurador es de unos 325 euros más. Las costas suman otros 400, por lo que el total asciende a 4.000 euros.
Lógicamente las facturas se pagarán, con independencia del resultado del juicio, que perdió. El resto de la partida, señaló el alcalde de Baiona y actual presidente, Jesús Vázquez Almuiña, son para facturas pendientes de Protección Civil y el Grupo de Emergencias Supramunicipal de O Val Miñor.
La concejala de Nigrán, Dolores Araújo Duarte, que ya no es representante del PSOE en la mancomunidad, aseguró ayer que en el próximo pleno van a presentar una diligencia de responsabilidad. Esta figura administrativa le permitirá exigir directamente al ex presidente, Alberto Valverde, la posibilidad de que asuma los costes de la defensa de la mancomunidad. «Fue un capricho de él y está generando un coste económico a todos los vecinos», sostiene la edila. También el portavoz de los socialistas en Gondomar, Fernando Ferreira, se manifiesta en esa línea. Censura la actitud del PP y entiende que «ellos debieran ser ahora quienes sufragaran los gastos».
La jornada del 30 de abril acabó tan mal como empezó. En los juzgados por denegarle la entrada a dos ediles, aunque el nacionalista Javier Rodríguez no denunció. Y en los juzgados también por la salida. El alcalde de Gondomar denunció por injurias a un preferentista.