Un juez ordena el desahucio, por impago del alquiler, de una mujer sin recursos que tiene a su cargo a una discapacitada psíquica
13 feb 2014 . Actualizado a las 18:38 h.Sobrevive de la risga (renta de integración social de Galicia) y de algún trabajo como limpiadora. Esperanza González Martínez, de 46 años, ponteareana residente en Vigo, se ha sumado a la lista, larga lista, de personas que se quedan en la calle tras ser desahuciadas. En su caso todavía sigue residiendo en el minúsculo piso que alquiló en la calle Pi y Margall, pero la sentencia que ayer conoció le dibuja un panorama muy negro.
La vivienda que alquiló en el 2011 le cuesta 400 euros al mes, importe que pagó mensualmente hasta el mes de abril del año pasado. En ese momento la Xunta le redujo la risga de 440 euros a solo 253 «y con esa ayuda ya no podía pagar el piso».
Lo ocurrido después es fácil de imaginar: el propietario recurrió a los tribunales y los jueces han dictado sentencia condenándola a ser desahuciada. El fallo del pasado día 10 del juzgado de primera instancia número 9, que ella conoció ayer, es totalmente contrario a sus intereses. El juez acepta íntegramente las pretensiones del propietario y la condena al pago de 2.400 euros, importe de la renta que dejó de abonar entre abril y septiembre del pasado año, y las que se devenguen hasta la fecha del desalojo. Por tanto, casi se duplicarán eso 2.400 euros y a ello es preciso añadir las costas, a lo que también ha sido condenado. En total, una cantidad muy cercana a los 5.000 euros «que yo no voy a poder pagar».
Esperanza González asegura no saber que hacer. Separada desde hace muchos años, vive con su hija Liliana, de 21 años, que padece una minusvalía psíquica con un porcentaje de incapacidad del 36 %. Desde hace semanas realiza todas las gestiones que se le ocurren para buscar una solución, que ni mucho menos ha encontrado. «He hablado con asociaciones, con la Xunta (para ampliar la risga) y con el Concello, donde me han dado cita el 18 de marzo para la próxima consulta».
Asegura que su hija no tiene ingresos, por lo que depende de ella para vivir. Y en su caso, completa la risga con trabajos de limpieza, «pero es imposible pagar el piso, los recibos y vivir. Creo que en nuestro caso está justificada la entrega de una vivienda social, que he solicitado en varias ocasiones».
Esperanza González presentó meses atrás varias denuncias contra el propietario del piso, al que acusó de haberle cortado la luz una vez que dejó de pagar las mensualidades del alquiler. Insiste en que trató de hacerle la vida imposible.
rostros de la crisis