Una discapacitada perdió 103.000 euros por las pruebas caligráficas
09 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en una perito judicial de Vigo. Esta mujer fue llamada a testificar en un procedimiento de presunto engaño bancario. Entre la personas damnificadas figura una discapacitada con 75 % de minusvalía por esclerosis múltiple. Según la denuncia presentada «la apropiación de sus saldos bancarios ascendía nada menos que a 103.000 euros», así lo manifiesta el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro en su informe.
El ministerio público pone en duda que la perito judicial tenga la titulación que dice poseer: diplomada en peritación caligráfica por la UNED por lo que ha ordenado a la Policía Judicial que la investigue.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada remitió a la de Pontevedra la denuncia por vulneración del derecho fundamental a la propiedad privada, derecho a la tutela judicial efectiva y un delito público contra la administración de la Justicia. Todos ellos perseguibles de oficio.
La discapacitada que perdió 103.000 euros es una de las 150 personas de Vigo que suscribieron «activos financieros de alto riesgo sin su consentimiento, sustituyendo su identidad bien a través de falsificaciones de firmas, bien a través de suplantación de sus voces mediante ordenes telefónicas que daban, valiéndose para ello de su condición de agentes (bancarios) y de que disponían de las claves supuestamente secretas para realizar las operaciones», dice la denuncia.
El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, ha abierto una investigación de oficio que ha trasladado a la Fiscalía de Vigo. La fiscala jefe, Susana García-Baquero, ha tomado cartas en el asunto y ha remitido las diligencias al decanato para que las reparta al juzgado que corresponde «con el fin de que se siga investigando por delitos contra la administración de la Justicia» a la perito R.G. También solicita que se actúe contra «los eventuales responsables de su presentación como perito en el procedimiento» de la supuesta apropiación de saldos bancarios de la mujer discapacitada.
La fiscala jefe de Vigo ha ordenado expresamente que «por la Policía Judicial se compruebe la titulación oficial de la citada perito y si concretamente es diplomada en peritación caligráfica por la UNED, así como su afiliación al colegio o asociación de peritos caligráficos de Galicia. García-Baquero ha ordenado que «se remita el informe pericial elaborado por la perito a la policía científica con el fin de que informe si el mismo presenta irregularidades, inexactitudes o conclusiones mendaces». Si se descubre que la perito no estaba capacitada para realizar los informes caligráficos que llevó a cabo se podría dar un vuelco a las conclusiones sobre el caso judicial Open Bank.
El origen
Los hechos se remontan a 1999 y 2000, cuando los denunciantes contrataron un producto denominado 3+1. Open Bank aseguraba que era una inversión que ofrecía «total seguridad, maximización de la rentabilidad y mínimo coste fiscal». Además, el banco decía que por cada unidad monetaria que aportaba el cliente, la entidad destinaba tres al mismo producto. Se deducía que el inversor y Open Bank eran socios en ese desembolso, lo que daba mayor seguridad a los clientes. Sin embargo, lo que hacía la entidad era dar un crédito sin que los clientes fueron conscientes de lo que estaban firmando. El dinero se invirtió en fondos de alto riesgo que registraron fuertes pérdidas. Los clientes acusaron a los agentes bancarios de manipular sus firmas. Y ahí es donde intervino la perito investigada ahora.