El Tribunal de Cuentas ha localizado irregularidades en los 33 organismos públicos de toda España
10 jul 2013 . Actualizado a las 22:20 h.El Tribunal de Cuentas ha detectado prejubilaciones «sin soporte legal» en un total de 33 universidades públicas. Entre ellas se encuentran dos gallegas, los casos de A Coruña y Vigo, donde se difran las cantidades en 959.335 y 509.934 euros respectivamente.
Según el Tribunal de Cuentas el problema radica en que se han establecido durante más de una década programas de jubilación voluntaria anticipada e incentivada con cantidades que podrían variar entre 200.000 y 300.000 euros para el personal docente investigador (PDI) funcionario, una medida que sería irregular. En total a estos planes se habrían destinado en toda España 43,6 millones de euros solo entre el 2007 y el 2008 en toda España.
Según explica, se trata «siempre de actuaciones singulares de cada universidad» que se han venido adoptando «como un efecto contagio» en «buena parte» de las universidades públicas desde principios de la última década y con especial intensidad en los años 2006, 2007 y 2008. El informe recoge que sólo entre 2007 y 2009, casi 1.500 personas se acogieron a estos planes de jubilación anticipada e incentivada en las universidades.
Incentivos de jubilación
El informe dice que en estas universidades se «ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito» creando una figura nueva, la de «profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado» que a juicio del Tribunal de Cuentas, «no tiene cobertura legal (...) y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal».
Aunque se da «disparidad en cuanto a las personas afectadas, los requisitos, el tipo de incentivo económico, su cuantía, su naturaleza, la financiación y el reflejo presupuestario», los planes se suelen centrar en el personal docente e investigador funcionario, con dos modelos: el que exige tener 60 años y treinta de servicios o 65 años y quince de servicios y el que requiere tener 65 años de edad en todos los supuestos. «La duración del incentivo se extiende hasta que se cumplan los setenta años. De esta manera, un profesor de universidad con solo quince años de cotización puede acreditar a los sesenta y cinco años una retribución muy por encima del cien por cien de la pensión; algo ciertamente llamativo en el contexto general de los diferentes regímenes de seguridad social», denuncia el Tribunal de Cuentas.
«Premios a la jubilación»
En cuanto a la «naturaleza del incentivo», el informe destaca la dificultad de conocerla porque se carga en los presupuestos de la universidad y, de hecho, apunta que en los Consejos de Gobierno de las universidades «no tenían claro el tema» porque en ocasiones hablan de «premios a la jubilación e, incluso, deciden que se abone con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a la acción social».
Con todo, «cabe concluir que el incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima; con lo que el personal afectado se aseguraría desde el momento de la jubilación hasta los setenta años unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima» que, en algunos casos, se justifican como premio de jubilación en en metálico. «Resulta desproporcionado, desde cualquier óptica que se analice, pretender justificar la concesión de unos incentivos que pueden alcanzar hasta un valor superior a los 300.000 euros como un premio y con cargo al concepto presupuestario previsto para las ayudas sociales», denuncia el informe.
El informe refleja que, si bien la motivación de los planes «es muy variada», se alegan «básicamente dos circunstancias»: paliar la diferencia entre las percepciones económicas del personal docente en activo que opta a la jubilación voluntaria y las que pasará a percibir como pensión de jubilación y contribuir a la reordenación de los recursos humanos para acomodarlos a las nuevas necesidades educativas y permitir el relevo generacional.