Los numerosos afectados por esta presunta estafa siguen gestionando una solución, pero de momento no han conseguido ultimado la constitución de una plataforma de comunidades. Su dispersión por toda la ciudad, el que en algunos casos las cifras desaparecidas sean pequeñas y el hecho de que se reparte entre todos los propietarios, lo ha dificultado hasta ahora.
No obstante, en las próximas horas el presidente de una de estas comunidades, José Antonio Rodríguez, tiene intención de remitir sendos escritos al alcalde y al presidente de la Diputación para solicitar ayuda en nombre de los miles de damnificados, misiva que posiblemente reciba la adhesión de otros presidentes. Su finalidad es trasladar al alcalde «una petición de apoyo teniendo en cuenta la amplitud de esta presunta estafa, en dinero y en número de afectados».
Además de los perjuicios evidentes, le explicarán a Abel Caballero «que el hecho de que muchas comunidades se queden sin fondos o en una difícil situación económica puede tener repercusiones en cuestiones como la ejecución de la obligatoria Inspección Técnica de Edificios». En este supuesto quieren que la Gerencia de Urbanismo, organismo autónomo dependiente del Concello, dé facilidades a las comunidades.
«Ni mucho menos se trata de que las comunidades no quieran llevar a cabo la ITE, que obviamente tiene un coste para los propietarios, sino que ante el descontrol de las cuentas y el hecho de que ha desaparecido dinero en muchos casos y de que deben buscar otro administrador y realizar nuevas aportaciones económicas, nos puede llevar tiempo», explica Rodríguez Feijoo.
Aparte, reclaman a Caballero, y también al presidente de la Diputación, Rafael Louzán, una muestra de apoyo a los afectados «que podría ser la aprobación de una moción de respaldo moral en declaraciones aprobadas en los plenos».