En medio centenar de países del mundo civilizado está autorizada o tolerada la educación de los menores en el hogar. Con unas u otras condiciones, como parece natural, que en algunos casos comprenden la evaluación oficial de esa enseñanza que en España tuvo cierto predicamento entre finales del XIX y principios del XX. Sin legislación que la ampare entre nosotros, ya ha habido varios casos de persecución contra el derecho de los padres.
En Vigo, una mujer, Ana Rosa López, acaba de recibir la razón por parte de la Audiencia Provincial, al validar una sentencia de un juzgado de lo Penal de nuestra ciudad contraria al ministerio fiscal, que había pedido la correspondiente sanción por abandono de menores; tal consideraba la formación en su casa de un hijo de diez años. El hecho es cualitativamente significativo, porque en los últimos años ha sido perseguida en nuestro país la conocida como educación doméstica, que obviamente deberá ser impartida, si llega a legalizarse, por persona preparada para ello y en paralelo garantizar la socialización del alumno, que podría considerarse como uno de los posibles fallos del sistema. Lo cierto es que hoy la integración del individuo no se hace porcentualmente tanto como antes en las aulas; ahí están los medios de comunicación tradicionales, los TIC, los amigos que se hacen en la calle o en la práctica del deporte y mil canales más para lograr la socialización.
Nos encontramos ante un pequeño triunfo de los que defienden la libertad en la educación de sus hijos y no están de acuerdo con la escuela por razones filosóficas o religiosas o de otro orden. La justicia, al no considerar la acusación de abandono del menor, nos aproxima un poco más a los numerosos países donde este tipo de educación es habitual.
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