TRIBUNA

La clase media se queda sin Justicia

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Lo advertimos y no nos equivocamos Dos meses de vigencia de la ley de tasas judiciales han sido suficientes para demostrar que el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos se ha visto seriamente limitado. Las elevadas cuantías exigidas por el ministro Gallardón para poder presentar demandas o recursos causan esta situación.

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española comprende no solo el derecho de acceder a la justicia, sino también el de recurrir las decisiones judiciales consideradas injustas o erróneas ante una segunda instancia, algo ya reconocido por el propio Tribunal Constitucional en su temprano auto núm. 862/1985 de 4 diciembre. A la vez, la segunda instancia permite unificar criterios judiciales divergentes y la consolidación de la doctrina.

Uno de los efectos más perversos de la ley de tasas es restringir esta opción al ciudadano, imponiendo el pago de unas tasas claramente abusivas y desproporcionadas para poder apelar las decisiones judiciales. Con esta medida se persigue, antes que recaudar dinero, limitar el número de recursos de apelación o suplicación ante los Tribunales Superiores. En vez de dotar a nuestros juzgados de medios materiales y humanos, el ministerio opta por reducir el número de asuntos en segunda instancia mediante el método de impedir el acceso a la justicia a aquellos que tengan menos recursos económicos. La conclusión a la que llega el ciudadano es que en nuestro Estado no importa la justicia material sino, tan sólo, la justicia del dinero.

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