En Vigo corre peligro su mantenimiento y el Concello no quiere asumirlo
08 ene 2013 . Actualizado a las 07:15 h.El servicio público de teleasistencia para mayores en Vigo finalizó el 31 de diciembre al eliminar el Imserso la subvención que prestaba a los concellos. Desde entonces la empresa que lo venía prestando, Eulen, sigue al frente pero ya ha empezado a comunicar a los perceptores que para seguir disfrutándolo tendrán que pagar su coste íntegro, 20 euros al mes.
La situación de Vigo es muy diferente de la de la mayoría de las ciudades, A Coruña y Santiago entre ellas, donde existía igualmente pero con cargo a fondos municipales. Por este motivo la marcha atrás del Imserso no se ha notado.
Aunque el coste del servicio es reducido, los 20 euros al mes citados, la desaparición de la cobertura pública en Vigo tiene gran trascendencia. Motivo: afecta a cerca de 600 personas, todos ellos ancianos (ancianas en su inmensa mayoría) que viven solos y que solo disponen de pensiones de escasa cuantía.
Crisis permanente
En el caso de Vigo esta situación ha provocado el enésimo choque entre Caballero y la Diputación, institución a la que el alcalde exige que lo financie. Desde el ente provincial se guarda silencio, pero un portavoz deja claro que su obligación legal es atender los servicios sociales de municipios de menos de 20.000 habitantes «y así se está haciendo». Ajeno a esta norma, el alcalde de Vigo imputa al presidente de la Diputación «tener la desvergüenza de retirar la teleasistencia, de la que pueden depender vidas».
Mientras Caballero atacaba por enésima vez a Rafael Louzán, en paralelo se negaba a aclarar qué iba a hacer el Concello. Esto es, evitaba responder a la pregunta de los pasos que iba a dar su gobierno en estas circunstancias. «Tiene que intervenir la Diputación», fueron sus únicas palabras y de ahí no quiso moverse.
En esta cuestión el Concello vigués no ha seguido los pasos de otras ciudades gallegas, donde el servicio existe desde hace años aunque no prestado con fondos estatales. Por citar dos de ellas, Santiago y A Coruña, en ambas funciona con normalidad y ajena a los nuevos avatares políticos de recortes, y en los dos casos mediante convenios suscritos entre los respectivos concellos y la Cruz Roja.
La diferencia con Vigo parece deberse a la implicación de la Diputación de Pontevedra hace una década. Con Corina Porro en la alcaldía aceptó cofinanciar la teleasistencia con un 10 %, lo mismo que el Concello, y el resto quedaba a cargo de la Xunta (25 %) y el Imserso (65 %). Por el contrario, en las provincias de A Coruña y Ourense sus diputaciones se centraron desde el principio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
En estas condiciones, los cerca de 600 usuarios del servicio en Vigo empezaron en los últimos días a recibir una llamada telefónica de Eulen, la empresa prestataria del servicio. Por esta vía les comunicaban que el convenio con el que se financiaba la teleasistencia había finalizado el pasado día 31 de diciembre y que en el futuro la única vía para mantenerlo es el pago directo de 20 euros al mes. No obstante, dejaban claro que de momento seguía funcionando.
Preocupación
Como es fácil imaginar, las llamadas han generado gran tensión y malestar entre los afectados. En su totalidad reciben pensiones de escasa cuantía y el pago de estos 20 euros supone un esfuerzo añadido en economías precarias. Además, se suman a la pérdida de poder adquisitivo continuada y a los copagos sanitarios en aplicación.
Lo que todas las partes reconocen es que la teleasistencia es un servicio altamente rentable para la Administración en general ya que permite mantener en sus viviendas habituales a personas de edad. Junto con la ayuda domiciliaria, les ayuda a vivir de manera independiente evitando ingresos en residencias que siempre tienen un coste mayor para el erario público.
En cualquier caso, en Vigo la última palabra no está dada. De momento no se ha tomado una decisión, pero está podría tener lugar la próxima semana. Sería inconcebible que cuando el gobierno socialista ha hecho bandera de un presupuesto de carácter social desaparezca un servicio esencial como este. Máxime cuando los nacionalistas insistieron en los programas sociales para dar su voto a las cuentas del 2013.
Expertos en la materia precisaban ayer que, al margen de la vía municipal, la teleasistencia en Vigo puede tramitarse también ante la Xunta, que tiene un convenio con Cruz Roja para prestarla. Su coste es de 5 euros para rentas bajas.
600 ancianos se quedarán sin un servicio básico si el Concello vigués no se involucra
Eulen ya está comunicando a los afectados que deberán pagar 20 euros al mes
Con aportaciones de Rosa Martínez y Marga Mosteiro (Santiago) y G. Lemos (A Coruña).