La sanción llegó tras verificar deficiencias en la atención especializada
25 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía especial de protección al Menor y a personas incapacitadas de Vigo confirmó ayer que, a instancia suya, la Consellería de Benestar e Familia ha dictado una sanción de cierre temporal al hogar de la tercera edad Breadouro en Canido. El Ministerio Público actuó después de haber recibido tres escritos con quejas de distintos usuarios o familiares que dejaban entrever irregularidades como que los pacientes no recibían atención por falta de personal especializado y el tratamiento médico era deficitario.
La Xunta hizo una inspección, abrió un expediente ordenó cerrar temporalmente el centro el pasado 11 de abril que contaba con 17 plazas, con 12 o 15 ocupadas, que pagaban mensualidades de 1.400 euros. Según la Fiscalía, la residencia geriátrica privada tenía deficiencias de personal y no hizo caso a las recomendaciones de la Administración por lo que fue cerrada.
Reincidencia
El Ministerio Público reprocha ahora a la Xunta que hubiese concedido autorización «alegremente» al matrimonio gerente, a través de la sociedad Viviendas Comunitarias Galicia SL, cuando la directora ya había sido sancionada por la Administración gallega tras otra inspección que le obligó a cerrar su primer centro. El fiscal no se explica cómo no hubo filtros sobre una empresaria que es reincidente en este tipo de irregularidades administrativas. La Fiscalía aclaró que en dichas inspecciones jamás se descubrieron malos tratos a pacientes que fuesen constitutivos de un posible delito por lo que todas las quejas se derivaron a la vía civil.
El departamento jurídico citó por cuatro veces a la gerencia para que declarase en la Fiscalía sobre las irregularidades denunciadas pero la directora «nunca respondió ni se presentó, ni siquiera dio una justificación», según el fiscal especial de protección al menor y al incapacitado, José Ramón García-Palacios. «Se le advirtió a Breadouro que el servicio de inspección le dijo que debía corregir ciertos fallos pero transcurrido el plazo no hizo nada por arreglarlos y, además, la respuesta fue renuente y obstruccionista», indicó.
Este departamento de protección a las personas incapacitadas recuerda que está «vigilante» y «a la expectativa» sobre la actividad de los geriátricos de la comarca de Vigo por lo que las inspecciones por sorpresa y sin aviso previo seguirán con frecuencia. En general, el fiscal José Ramón García-Palacios se muestra satisfecho con la colaboración de las gerencias de las residencias de la tercera edad cuando acuden las comisiones judiciales y les facilitan toda la información. «No pretendo cerrar residencias pero si detecto deficiencias en centros geriátricos o de menores, pido que haya una inspección», añade el fiscal que vela por el cumplimiento de la ley con los mayores.