Los funcionarios municipales se refieren a ellos como «los de la planta cuarta». No son funcionarios, no disfrutan del convenio colectivo de los 1.345 empleados con estatus de trabajador público del Concello, pero, salvo el derecho a jubilarse sin sobresaltos en el mismo puesto, la veintena de contratados para gestionar los planes de empleo para desempleados gozan del resto de las condiciones de los funcionarios.

La jurisprudencia acuñada en los juzgados de Vigo les da la razón a la hora de que les equiparen en sueldos y derechos a los funcionarios, colectivo entre el que hay quien les echa en cara haber entrado en la sede municipal por la puerta de atrás y sin pasar más filtro que el de una entrevista.

Nuevas demandas cada año

De la Justicia han conseguido que se les reconozca incluso los pagos del fondo social que los funcionarios reciben para sufragar parte de los gastos sanitarios y educativos de sus hijos. Eso sí, cada año tienen que pleitear judicialmente para conseguirlo, y lo hacen. «Es algo mecánico ya», explican fuentes del Concello, que aseguran no entender como los sucesivos gobiernos municipales no han cerrado un acuerdo global con el colectivo para al menos ahorrarse las minutas del abogado que se contrata para representar al Concello, ya que según el actual Ejecutivo local, los letrados municipales ni están especializados en la materia ni pueden hacer frente a la carga de trabajo que genera dicho colectivo de trabajadores.

Los intentos por modificar el reglamento han sido hasta ahora infructuosos, aunque eso sí, se ha acordado incluir sus puestos en la plantilla municipal, por lo que podrían ser objeto de una oferta de empleo cuando el Gobierno desbloquee la paralización de las contrataciones en las administraciones públicas a causa de la crisis.

Aunque anulado, el informe remitido desde la Universidad de Santiago, advierte de que si se cubre por oposición una de las plazas con personas distintas a las que ocupan los puestos de gestores de los planes de empleo, se acabará su vínculo laboral con el Concello. Aunque quizás daría lugar a un nuevo aluvión de pleitos.