Una veintena de trabajadores contratados desde mediados de los años noventa en el Ayuntamiento de Vigo para gestionar planes de empleo municipales protagonizan desde hace años el frente judicial más intenso de cuantos se ve obligado a hacer frente el Concello. Solo en los últimos cuatro años dicho colectivo ha planteado un centenar de demandas que han acabado en el juzgado con el reconocimiento de las exigencias de los trabajadores y los consecuentes pagos que han tenido que librar en su favor las arcas municipales, además de las minutas de los abogados que han intentado defender los intereses del Consistorio.
Las sucesivas sentencias emitidas en los juzgados de Vigo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ponen en evidencia que la práctica totalidad de los gobiernos municipales de las dos últimas décadas han cubierto con contratos por obra o temporales puestos de trabajo que han resultado ser estables y que años después siguen existiendo. Las sentencias hacen hincapié precisamente en esa circunstancia para subrayar la irregularidad de un tipo de contrato laboral que debería haberse cubierto mediante oposiciones, como cualquier otro puesto en el Concello. Los fallos judiciales reiteran que el Ayuntamiento tendrá que mantener como laborales indefinidos no fijos a los gestores y encargados de llevar a cabo los planes de empleo municipales. Dicha consideración les allana el camino en sus demandas a la hora de reclamar equiparación de salarios y otros derechos respecto a funcionarios que realizan idénticos trabajos.
Además de las minutas que se ha visto obligado a pagar el Ayuntamiento, las arcas municipales han tenido que hacer frente también a varios informes jurídicos encargados en los últimos años para tratar de saber qué hacer con el especial colectivo de los gestores de los planes de empleo.
Daniel del Valle, el letrado que representa al Concello en los pleitos frente a los gestores de los planes de empleo desde que Caballero es alcalde, manifestó en uno de dichos informes que «debería abandonarse la idea de la contratación temporal por obra o servicio, tratándose de actividades de carácter permanente en el Concello». En sus recomendaciones al Gobierno de Caballero, incluso apunta el abogado que debe darse en los casos de los contratados una «igualdad salarial con el personal indefinido del Concello», recalcando además los «innumerables problemas jurídicos» que generan las contrataciones hechas al hilo de los planes de empleo.
Otro informe del titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, Javier Ferreira, hace ver al Gobierno vigués que los contratados tendrán una vinculación indefinida con el Concello, difícil de cortar. Eso sí, de dicho informe, según llegó a advertir por escrito el interventor ahora cesado, no se conoce quién lo contrató o a cuenta de qué partida se contaba pagar, «polo que carece de validez e resulta inocuo».
