La pretensión de la Xunta de modificar las condiciones laborales de los empleados públicos para ahorrar 80 millones en gastos de personal amenaza con echar por tierra la paz sindical de la que Feijoo ha hecho gala en las últimas semanas. Las centrales pedirán más tiempo a Facenda para estudiar las alegaciones que formularán a los ajustes que consideran más traumáticos para la función pública, como la reforma del complemento por incapacidad temporal. La intención de la Xunta de pagar el 100?% del complemento solo a partir del día 21 de baja, con las únicas excepciones de las que proceden de accidentes, enfermedad laboral o maternidad, ha levantado ampollas en los representantes de los trabajadores.

Como primera medida, los sindicatos reclamarán a la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que amplíe el plazo que les dio el viernes para presentar sus objeciones. Aunque la conselleira señaló a los medios que ese plazo es de 15 días, los sindicatos sostienen que los conminó a trasladarle sus alegaciones este martes próximo. Las centrales sostienen que no pueden analizar en cuatro días unas medidas con reformas de tanto calado como la referida al recorte del complemento por enfermedad, de los días de libre disposición o la supresión del fondo social.

Pero las diferencias afectan también al cálculo realizado por la Xunta sobre el ahorro que supondrían esos ajustes. Los sindicatos entienden que no hay margen para ahorrar los 80 millones que dice Feijoo. Fernando García, de la CIG, alega que se trata de un cálculo inflado, y asegura que Facenda no quiso detallar lo que prevén ahorrar con cada una de las medidas.

En esta tesitura, las centrales ya han empezado a organizarse para emprender movilizaciones y medidas de presión en defensa de los derechos de los empleados públicos. CC.?OO. ha llamado a los trabajadores a rebelarse contra los ajustes propuestos.