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España mejora once puestos en el mundo en administración electrónica

Edurne Martínez / Colpisa MADRID

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Según la ONU, pasa de la posición 23 a la 12 y recorta la brecha digital

14 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Cada dos años, Naciones Unidas elabora un informe sobre el estado de la administración electrónica en 193 países. Y a pesar de que España siempre suele estar a la cola en este tipo de ránkings, parece que las cosas comienzan a ser diferentes. Mientras que en el 2012 el país estaba en el puesto número 23 de esta lista, hoy se sitúa en el 12, solo por debajo de potencias como Canadá (en la posición 11), Gran Bretaña (8) o Estados Unidos (7). Los surcoreanos son los que se hacen con el primer puesto.

Este mayor uso por parte de los españoles de la administración electrónica para llevar a cabo sus gestiones también supone un gran ahorro de dinero, tanto para ellos como para el Estado. En concreto, 16.136 millones de euros solo en estos dos años, ya que ahora los ciudadanos pueden realizar más del 70 % de los trámites burocráticos por Internet.

Según la ONU, el coste medio de un trámite administrativo realizado de forma presencial para el ciudadano o la empresa es de 80 euros, debido a los desplazamientos, los costes del tiempo, de la posibilidad de tener que ir más de una vez, de hacer gestiones en otra Administración, desplazarse para pagar tasas o por la pérdida de horas de trabajo. En cambio, el mismo trámite realizado por medios electrónicos tiene un coste medio de 5 euros. El año pasado las gestiones iniciadas telemáticamente por ciudadanos y empresas con la Administración General del Estado ascendieron a más de 370 millones.

«El reto ahora es que los ciudadanos sepan que estos trámites se pueden hacer desde casa», explica Ester Arizmendi, directora general de Modernización administrativa, procedimientos e impulso de la administración electrónica del Ministerio de Hacienda, quien afirma que están trabajando para eliminar «la brecha digital».

Mejor que el modelo británico

Arizmendi hace referencia al programa impulsado por el Ministerio para llevar Internet a los más de 8.000 municipios españoles y alaba el sistema aplicado. «No me gustaría que nos pareciéramos al Reino Unido. No sería cómodo para los ciudadanos», en referencia al modelo británico. Allí cada vez que se pone en funcionamiento un trámite de forma electrónica, se cierra la posibilidad de hacerlo presencialmente o por teléfono.

La responsable del programa afirma que el Gobierno está «obligando» a los colectivos que pueden hacerlo, como las empresas, los funcionarios o los gestores administrativos, a dejar el papel a un lado. Pero aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, el nuevo proyecto de su departamento consiste en la implantación de la factura electrónica. Este avance, que será una obligación a partir del 2015, va a impedir que se queden «facturas olvidadas en el cajón» o que las empresas elaboren un presupuesto que luego no sean capaces de cumplir.