Cada martes la Liga de Fútbol Profesional envía un escrito al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF
11 feb 2015 . Actualizado a las 19:22 h.Cada martes desde el 20 de enero, la Liga de Fútbol Profesional envía un escrito al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es el organismo encargado de enjuiciar este tipo de casos de entonación de cánticos que incitan a la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el que reporta las incidencias de cada jornada en ese sentido. Fuentes jurídicas consultadas por La Voz aseguran que la incoación de los procedimientos extraordinarios relativos a esta causa -serían ordinarios si los cánticos apareciesen reflejados en el acta elaborada por el árbitro- por parte del Comité de Competición acaba de comenzar.
En concreto, el pasado viernes se abrió al menos uno por cánticos que se produjeron en la jornada del 17 de enero. Fue justo en la que el Deportivo jugó contra el Barça y los Riazor Blues profirieron insultos contra Rafinha, que quedaron reflejados en el informe de la Liga, que también recogió cánticos inadecuados durante el partido que enfrentó al Espanyol y al Celta, donde la grada ocupada por la Curve RCD entonó cánticos contra el Sevilla, y en las inmediaciones de Anoeta donde los Bukaneros, seguidores del Rayo Vallecano, insultaron a los Ultras Sur antes de que su equipo jugase con la Real Sociedad. Además los aficionados del Sevilla conocidos como los Biris fueron detectados cantando «Queremos un tsunami en la Costa del Sol» y «Putos malaguistas, os quemaremos la ciudad».
El siguiente paso después de la incoación del expediente es nombrar un juez instructor que se encargará de recabar todos los datos y de escuchar a los equipos implicados. Este proceso se puede prolongar durante un mes -es más lento que un ordinario, donde se resuelve en una semana- o mes y medio. El instructor terminaría trasladando una propuesta, bien de archivo de la causa o de sanción, al Comité de Competición que sería el encargado de resolver. Con las nuevas medidas antiviolencia, aprobadas en primera instancia por la Liga y el CSD, y posteriormente por la federación española, los clubes podrían hacer frente al cierre parcial de sus estadios y a fuertes multas económicas.