El informe concursal señala a Lendoiro como responsable de la insolvencia del Deportivo

Los administradores aseguran que incumplió durante años la obligación de solicitar el concurso y supeditan la viabilidad del club a un «cambio radical en la manera de concebir y ejecutar tanto la estrategia como la gestión de la entidad»


La Voz / Redacción

El informe concursal elaborado por AD Cryex y que obra desde el viernes en poder del juez Rafael García Pérez manifiesta que el Deportivo ha llegado a la situación de insolvencia en la que se encuentra debido a una gestión «ajena a la realidad» en la que Lendoiro metió al club en gastos e inversiones absolutamente alejadas de las posibilidades económicas de la sociedad.

Sostienen Francisco Prada y Julio Fernández Maestre que, al menos desde el 2006, la sociedad blanquiazul tenía que haberse acogido al concurso de acreedores y no se explican los motivos que han podido conducir a sus responsables a no hacerlo. Asimismo, asegura que el presidente del Deportivo está cobrando su sueldo de forma indebida (ya decidieron retirárselo en fechas recientes) y anuncian acciones para que reintegre las cantidades que ellos consideran que no tenía que haber percibido. Por último, opinan que la sociedad es viable, siempre y cuando se produzca «un cambio radical en la manera de concebir y ejecutar tanto al estrategia como la gestión de la entidad».

En el informe presentado al juez, AD Cryex confirma también que la deuda del club es de 156 millones de euros, de los cual 93,7 son con la Agencia Tributaria. Tanto los responsables del Deportivo como los acreedores que no estén conformes con el informe tienen 10 días de plazo para presentar un incidente concursal para que el juez se pronuncie al respecto.

Después de un mes analizando la situación del club, los administradores ya pidieron a la entonces jueza que llevaba el caso del Deportivo que retirase el mando económico al consejo de administración. Rafael García Pérez, juez sustituto del Mercantil número 2 de A Coruña que reemplazó a Zulema Gento, rechazó la petición independientemente de que hubiera podido cometer «supuestas infracciones normativas». El juez creía que ni era el momento procesal indicado para tomar la decisión de apartarlo, ni los administradores habían conseguido justificar adecuadamente los motivos por los cuales tendría que cambiar una situación de intervención habitual en los concursos voluntarios.

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