Los usuarios exigen al Gobierno «aclarar» los costes para los ciudadanos del cierre de nueve canales de la TDT
TELEVISIÓN
Alertan del empobrecimiento de la oferta televisiva en abierto tras el apagón, que tiene el 6 de mayo como fecha máxima
11 abr 2014 . Actualizado a las 20:47 h.La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han exigido al Gobierno «aclarar» los costes que supondrán para los ciudadanos el cierre de nueve canales de TDT.
Mediaset y Atresmedia ya han confirmado qué canales se irán a negro el próximo 6 de mayo. Mediaset cesará la emisión de La Siete y Nueve, mientras que Atresmedia cerrará LaSexta3, Xplora y Nitro, para cumplir así con la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba el cierre de nueve canales de la televisión digital terrestre, según han confirmado fuentes del grupo de comunicación a Europa Press.
El presidente de AUC, Alejandro Perales, ha calificado en declaraciones a Europa Press como «catástrofe» el cese de emisiones de los canales, alertando que, en caso de que salgan adelante las indemnizaciones reclamadas por las cadenas «lo acabarán pagando los ciudadanos». «La culpa es de una imprevisión legal para consolidar la concesión de canales y, si ahora las indemnizaciones tienen que salir de la Administración, lo acabamos pagando todos. Nos parece tremendo», ha señalado Perales.
Asimismo, ha alertado del «empobrecimiento» de la oferta televisiva en abierto que supondrá esta decisión, que, acompañado con la resintonización de cadenas por el dividendo digital, perjudicará al ciudadano. «Es tremendo, se va a pagar más por menos canales», ha señalado.
En esta misma línea, iCmedia ha reclamdo de los organismos públicos «una mayor transparencia e información al usuario», con el fin de aclarar si la televisión gratuita en España supondrá nuevos costes para los ciudadanos y si los cambios implicarán reducción de canales y de franjas liberadas para el entorno audiovisual. En un comunicado, esta asociación considera que la supresión de esos nueve canales de TDT viene precedida de «no haber tenido en cuenta el interés general de los usuarios, ni en el proceso de adjudicación de licencias para poner en marcha dichos canales, ni en el modo de devolver las licencias, ni tampoco en la nueva reordenación de las frecuencias disponibles».
La Federación entiende que «esta falta de atención al interés general» ha perjudicado, no solamente a la industria, proveedores y productores, sino también, y de manera directa, a los ciudadanos, debido a que han tenido que asumir los costes de antenización y reantenización, derivados del apagón analógico y la posterior ampliación de canales, y ahora ven reducida la oferta de canales. «A esta situación se ha llegado sin haber explicado claramente las consecuencias de dicha reducción de canales y el uso inmediato de las frecuencias liberadas. Por eso, ante la inminente ejecución del Ministerio de Industria, a iCmedia le preocupan, primero el futuro de la TDT; y segundo, la opacidad del proceso de concesión de licencias, que no pueden garantizar un espacio audiovisual plural», ha concluido.
La Academia se ofrece a mediar para buscar «una solución beneficiosa» al cierre de canales
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión se ha ofrecido a mediar entre Gobierno y televisiones privadas para lograr «una solución beneficiosa» al cierre de nueve canales de TDT, en cumplimiento de la sentencia del Supremo.
En un comunicado, el presidente de la academia, Manuel Campo Vidal, ha expresado su «grave preocupación» ante la sentencia, «muy cuestionada jurídicamente por los expertos» y que se ha realizado «sin un diálogo sincero y abierto entre el Gobierno, los operadores y restantes actores implicados». «Es triste contemplar cómo todas las decisiones que afectan al sector audiovisual, tomadas por los gobiernos de cualquier signo, llegan sin el diálogo y la negociación imprescindible en una sociedad democrática», ha explicado.
A su entender, esta decisión supone una reducción en la pluralidad informativa y de ocio de todos los ciudadanos «que van a ver cómo su capacidad de elección disminuye con respecto a la oferta ofrecida actualmente tras la transición de la televisión analógica a digital». En este sentido, ha recordado que apagar nueve de 24 canales supone reducir más de un tercio la oferta actual. Además, ha afirmado que aplicar la sentencia supone un gran impacto económico en toda la industria audiovisual en España y en los diversos sectores de la profesión «contribuyendo a agravar, más si cabe, el desempleo que afecta a miles de profesionales».
Las productoras de televisión responsabilizan al Gobierno del cierre de canales
Las Productoras Asociadas de Televisión de España (PATE) han responsabilizado este viernes al Gobierno del cierre de nueve canales de TDT, solicitándole una «actitud proactiva» a partir de ahora para evitar que «sean las cadenas las que paguen este error». En un comunicado, las productoras españolas consideran que «este perjuicio, al que se ven abocadas las televisiones, ha sido producto de una actuación equívoca de la Administración y no de las cadenas y, por lo tanto, es el Gobierno el que debe solucionar el problema».
Para esta asociación, el Gobierno «debe tomar una actitud proactiva» ante este hecho. «Si el Tribunal Supremo ha dictaminado en contra de una decisión de la Administración, no pueden ser las cadenas televisivas las que paguen este error, ya que éstas solo actuaron y cumplieron las normas establecidas», ha señalado. Además, ha alertado del hecho de que, pese a que estos canales «eran incipientes», su desaparición impedirá la posibilidad de generar contenidos para los mismos y, por lo tanto, puestos de trabajo en la industria audiovisual que, con esta decisión, «no solo no se van a crear sino que se van a destruir».
Por otro lado, PATE considera que los espectadores serán los que «también sufran» esta medida, ya que el cierre de estos canales de televisión va a reducir «significativamente» la oferta televisiva actual. «Además, para el sector, este cierre supone, de nuevo, una inseguridad jurídica que genera mucha incertidumbre para posibles inversores y coproductores, tanto nacionales como internacionales. Es importante, para cualquier industria, contar con un entorno regulado y seguro, sin cambios permanentes», ha indicado.
«A este hecho se le suma la preocupación por parte del sector audiovisual ante la caótica migración de los hogares a una nueva señal del espacio radioeléctrico. A nueve meses de esta migración, no se sabe aún cuál es el plan del Gobierno y existe la preocupación, cada vez más creciente, de si los hogares se quedarán sin televisión», ha concluido la PATE.
Uteca dice que sus propuestas sobre el cierre de canales son legales
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha asegurado este viernes que las «sugerencias legislativas presentadas por juristas de reconocido prestigio» contra el cierre de canales están «basadas en precedentes actuaciones legales» promovidas por el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el sector energético.
En un comunicado, las televisiones privadas han reiterado que sus propuestas para evitar el cese de emisión son «absolutamente legales y podrían evitar la responsabilidad del Estado por los daños patrimoniales que las televisiones se verán forzadas a reclamar». Asimismo, han criticado al Ministerio de Industria por su «peculiar permanente disposición» al diálogo para «la mejora de calidad de contenidos», 18 meses después de que el Tribunal Supremo dictara su sentencia y tras requerir el propio Ministerio el cese de emisiones «de nada más y nada menos» que nueve canales de televisión.
Uteca ha responsabilizado también al actual Gobierno de esta decisión. «Que la Administración General del Estado es única y el que los hechos se deban a actuaciones del Gobierno del año 2010 no exime al actual Ejecutivo de su responsabilidad de enmendar errores anteriores, cosa que no ha hecho», ha señalado. En esta misma línea, ha recordado que la sentencia del Supremo reconoce que las televisiones privadas «cumplieron todas las obligaciones que se les habían impuesto durante la transición a la TDT, y que fue la Administración la única que incurrió en errores y carencias puramente formales, al retrasarse en reconocerlo y culminar el proceso después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual».
Este comunicado se produce en respuesta a otro de Industria en el que recordaba que esta medida de cierre pretendía subsanar «actuaciones de un Gobierno anterior y no por actuaciones administrativas de urgencia que además serían de dudosa legalidad». Asimismo, Industria reiteraba públicamente su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo.