El Senado aprueba la ley que permite la privatización de las televisiones públicas

El ente valenciano aprueba el ERE que provocará hasta 1.295 despidos

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El Pleno del Senado aprobó ayer la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las cadenas de televisión públicas autonómicas y abre la puerta a su privatización. La reforma fue aprobada con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra y cinco abstenciones.

La ley obliga a las autonomías a decidir si mantienen o no a sus cadenas en funcionamiento. Las que mantengan su televisión tendrán que elegir entre sacarla a concurso y privatizarla, o conservar en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios recursos. Eso sí, según la ley, «no se permitirán desequilibrios en los presupuestos», lo que impone un límite al déficit.

La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Gobierno hace dos años, provocó el debate entre el PP y la oposición. Mientras los populares hablan de «despilfarro» y justifican que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros en el 2010, de los cuales 1.510 millones fueron subvenciones, el PSOE considera que la reforma no es neutral en cuanto a los modelos de gestión de las televisiones autonómicas. Así lo expresó el socialista Andrés Gil García, quien aseguró que la ley «favorece la gestión privada» y señaló que el «propósito oculto es el control de los informativos, que ya han empezado a hacer con RTVE».

Por otra parte, el consejo de Radio y Televisión Valenciana (RTVV) aprobó, con siete votos a favor y cinco en contra, el Expediente de Regulación de Empleo que provocará el despido de hasta 1.295 empleados.

Antes del inicio de la reunión, representantes del comité de empresa pidieron a los consejeros que paralicen la aplicación del ERE, ya que consideran «imposible» que pudieran estudiarlo en las 48 horas que tuvieron desde su presentación el pasado lunes, y después expusieron sus argumentos en la reunión. Mientras tanto, centenares de personas cortaron la Gran Vía valenciana mientras otras se concentraron ante la sede del consejo con una pancarta en la que se leía «Els treballadors no som els culpables».

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