El demoledor Informe económico y sectorial del 2011 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en el que se recoge que las televisiones públicas engulleron en el 2011 más de 2.300 millones de euros en subvenciones, alerta expresamente sobre «los malos resultados de los ingresos publicitarios obtenidos por los operadores, especialmente en el ámbito de las televisiones autonómicas, y los duros ajustes presupuestarios que algunas comunidades autónomas deberán afrontar en el actual contexto de austeridad y contención del déficit». Ante esta situación, subraya el documento, ha surgido «un intenso debate en torno a la sostenibilidad del actual modelo de televisiones autonómicas». Un modelo ampliamente cuestionado y que se transformará por completo por la inminente entrada en vigor de la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que permitirá privatizar las televisiones autonómicas.

El pleno del Senado dará el miércoles luz verde a esta normativa. La mayoría absoluta del PP tumbará, si no se altera el guion seguido hasta ahora en las comisiones previas, las 87 enmiendas y 3 vetos presentados por la oposición.

Esta nueva regulación aboca a los Gobiernos autonómicos a elegir entre mantener una televisión de titularidad pública, sacar a la venta la frecuencia o convocar un concurso para ceder su gestión total o parcial (por servicios o programas concretos). En cualquiera de los casos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligará a que en los presupuestos de estas cadenas se aplique a rajatabla el equilibrio entre ingresos y gastos, el ya inexcusable déficit cero.