Caen a mínimos históricos por los cambios sociales en los países de origen y las nuevas legislaciones
11 jun 2017 . Actualizado a las 16:21 h.Muchas familias gallegas quieren adoptar. En el año 2016 un total de 116 solicitaron un proceso nacional, y 77 pidieron un acogimiento internacional. En el mismo período hubo solo 26 autos de adopción nacional -y 14 adopciones efectivas-, a los que hay que sumar 48 menores pre asignados de otros países. En total, 74, la cifra más baja de las estadísticas que maneja la Consellería de Política Social. En el año 2005 fueron 368, cinco veces más. Pero la demanda sigue existiendo, lo que se traduce en familias atrapadas durante años a la espera de una adopción, e incluso casos en los que tras una larga espera se frustra el proceso, como ha ocurrido en los últimos meses con Etiopía y Burundi.
¿Qué está pasando con el proceso de adopción? La caída más llamativa es la del sistema internacional, aunque el nacional también registra la cifra más baja al menos desde el 2000. Lo que ocurre es que muchos estados quieren potenciar las adopciones dentro de sus propias fronteras, como Etiopía, que ha cerrado las puertas con este argumento, o China y Vietnam, en donde se prima este modelo. Amparo González, directora xeral de Familia, apunta otro motivo, la complejidad de los procesos, a veces por conflictos que surgen en los propios países «que poden mudar dalgún xeito as regras do xogo, as condicións ou mesmo suspendelas». Apunta un tercer factor. Las familias se ofrecen para acoger bebés de hasta dos años, «e se estiveran dispostas a abrir o proceso a nenos maioriños probablemente sairían máis en adopción». En estos momentos en la comunidad gallega, por ejemplo, hay 31 niños esperando una familia, bien porque son grupos de al menos tres hermanos, mayores, o con algún tipo de discapacidad.
La realidad es que, por unos u otros factores, cientos de familias que querían ofrecer el mejor hogar posible a un niño se encuentran con procesos lentísimos en el tiempo y que, como en el caso de Burundi y Etiopía, directamente fracasan por causas externas a ellas. Y tampoco cree la responsable de Familia que la solución sea buscar nuevos países, ya que asegura que cuando un estado está cerrado a la adopción es por un motivo de peso, sea una catástrofe natural, una guerra u otro tipo de conflicto, «cando os nenos saen dun país ten que quedar claro que foron abandonados e non teñen outra familia, hai que garantir que os nenos saian da mellor forma posible», explica González.
A todas estas dificultades se ha sumado este año un nuevo conflico, unas noventa familias gallegas que se han quedado en el limbo tras iniciar expedientes en Etiopía y Burundi. En Etiopía, tras el cierre del país, la única esperanza es la de los seis casos en los que ya hay niño asignado, y es a esos a quienes ahora se trata de buscar solución.
Acuerdo de las comunidades
Respecto a Burundi, existía la opción de que la propia administración asumiese las adopciones a través de un llamado protocolo público, pero finalmente no es posible, por lo que desde la Xunta aseguran que va a haber una nueva reunión de todas las comunidades afectadas por si se puede dar algún otro paso.
«El sistema internacional no funciona, hay que sentarse y reformarlo»
Unas ochenta familias en Galicia han visto su proceso de adopción roto después de que Etiopía anunciase que se acababan los acogimientos. Otras nueve se han quedado sin solución en Burundi al declararse inviable económicamente el organismo acreditado para la adopción (OAA). Han pasado de la tristeza a la decepción y el enfado. Llevaban años -algunas más de cinco-, pendientes de su adopción.
Una de ellas es Ana González. Ella y su marido iniciaron su proceso en Etiopía en el año 2011. Resume claramente cómo ha sido todo este proceso para ellos, «hemos pasado por varias fases: la tristeza, el duelo, la resignación y el enfado. Ahora estamos más fuertes que nunca para luchar, para que esto no le pase a nadie más y se asuman responsabilidades». Ana es una de las familias que ha decidido denunciar al organismo acreditado y a la Xunta por no impedir la quiebra de una entidad que tenía obligación de controlar. «Antes de finales de mes presentaremos la denuncia, porque no queremos posponerlo más». De las tres partes implicadas, cuenta, la OAA no hizo bien su trabajo, la Xunta «ha desasistido a las familias», y los adoptantes «hemos cumplido religiosamente. Cinco años después, ¿cómo vamos a empezar otro proceso? ¿Qué garantías tenemos de que esta vez se hará bien?.
Finalmente recuerda que «el sistema de adopción internacional no funciona, hay que sentarse y reformarlo».
En el caso de Alfonso López, adoptante en Burundi, la situación es si cabe más frustrante porque el país no ha bloqueado los procesos, sino que simplemente el organismo acreditado no tiene fondos para continuar los trámites. Asegura directamente sentirse engañado. «Tengo 50 años, me dieron unos plazos que no se podían cumplir, me dijeron que la espera de unos 18 meses y llevamos seis años. Me siendo estafado», afirma. Las más de 20 familias afectadas en toda España se han unido y coinciden en el malestar con el Ministerio de Sanidad con la dirección xeral de Familia, «llevamos cuatro meses llamando a diario, reuniéndonos con partidos políticos y administraciones, y nada de esto ha servido para que la Xunta busque una solución». Acusan además al Gobierno de no tomar decisiones valientes y avisan «no cesaremos hasta que se responsabilicen de sus errores».
La nueva ley incluye el modelo abierto, que deja el contacto con los padres biológicos
La Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia sigue sin desarrollarse, por lo que el Congreso ha instado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a que lo haga en tres meses. El objetivo es además que se agilicen las adopciones, ya que los problemas no son exclusivos de la comunidad gallega. Una de las novedades que recoge esta legislación es la adopción abierta, en la que el menor mantiene contacto con sus padres biológicos, «para facelo teñen que estar de acordo todas as partes, a familia adoptiva, a biolóxica, o xuíz que o acorda, e o equipo de menores, que teñen que determinar que isto vai en beneficio do menor» explica la directora xeral de Familia.
Otro cambio que probablemente favorezca a los adoptantes es que la certificación y autorización de las entidades que se encargan de los procesos internacionales será una competencia del Ministerio de Sanidad y no de la Xunta. Esto permitirá que las familias puedan elegir organismo en otra comunidad si así lo prefieren. Actualmente, si existe en su autonomía una entidad que trabaje en el país en el que quieren adoptar, deben recurrir a ella.