La religión tiene notorio arraigo en España, lo que permite acuerdos con el Estado
22 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia del Tribunal Supremo ruso que prohíbe a los Testigos de Jehová practicar su fe en todo el país, además de confiscarles todas sus propiedades al calificarlos como una organización «extremista», ha retrotraído a los miembros de esta comunidad en España a otros tiempos. «Nos hace recordar a de dictadores como Hitler, en Alemania, o Trujillo, en la República Dominicana, que decretaron órdenes para perseguirnos», dice el portavoz de la sede nacional de los Testigos de Jehová en Madrid, Aníbal Matos. A su juicio, lo ocurrido en un estado es un «asalto a mano armada contra la libertad religiosa, algo que en España se respeta totalmente».
En Galicia hay 75 salones del reino que prestan servicio a las 4.500 personas que profesan esta religión. Esto la convierte en la tercera más numerosa tras la católica y la evangélica. Sus miembros no dan tampoco crédito a lo que ha resuelto el Tribunal Supremo ruso. «Estamos preocupados por nuestros compañeros en Rusia, porque puede que quede cercenada la práctica de sus creencias, que es la misma que la que tenemos en España», explica Juan de Dios, portavoz de los Testigos de Jehová, en A Coruña.
Aunque durante la labor pastoral que hacen en la calle observa cómo la religión, en general, despierta cada vez menor interés en la población, apunta que «hay quien escucha lo que dice la Biblia» y admite que la mayoría de la gente respeta la labor que desempeñan, porque «afortunadamente vivimos en un país plural». Parece que no pueden decir lo mismo sus compañeros rusos. Basta recordar lo ocurrido durante la época de la Unión Soviética: «Estuvimos durante decenios en la clandestinidad y muchos compañeros de exrepúblicas soviéticas como Ucrania o Bielurrusia fueron deportados a Siberia». La prohibición se levantó en los primeros años de la década de los noventa.
Un recurso
«Entonces fuimos reconocidos como religión y levantamos nuestra base en San Petersburgo. Pero ahora han aplicado a nuestra religión una ley para frenar cualquier movimiento extremista, cuando no amenazamos a nadie: ni al Gobierno, ni a nadie. Apelaremos al mismo tribunal que dictaminó la prohibición y, en caso de que no nos la acepten, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», recuerda.
Para Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidade de A Coruña (UDC) y ex subdirector general de Asuntos Religiosos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo ocurrido es «muy fuerte», porque es «una medida de otra época». Dice que «no se puede criminalizar toda una religión por un hecho concreto que vaya contra la ley. Es lo mismo que ir, por ejemplo, contra toda la religión católica cuando alguno de sus componentes no cumpla la ley. En ese caso el hecho ha de ser juzgado por un tribunal».
En España, donde la libertad religiosa es un derecho, el Ministerio de Justicia dispone de un registro donde pueden inscribirse las diferentes confesiones. Pero, además, hay religiones que tienen la certificación de notorio arraigo, lo que les permite poder formalizar acuerdos con el estado. Las que ya lo han hecho son la católica, desde 1979; además de la judía, la protestante y la musulmana, que formalizaron dichos concordatos en 1992. Aunque no han formalizado ninguno de momento, los Testigos de Jehová, al igual que mormones, budistas u ortodoxos, también tienen reconocida su certificación de notorio arraigo.
En España, por tanto, los Testigos de Jehová están totalmente integrados. El catedrático Juan Ferreiro explica que no ha habido ningún problema salvo la polémica por las transfusiones de sangre. En este sentido indica que tienen toda el derecho a negarse. Solo en el caso de los menores hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el Estado puede gestionar la patria potestad cuando hay un daño para el afectado.