La valedora quiere que una ley gallega regule la retirada del amianto en colegios
SOCIEDAD
La iniciativa atiende a un conflicto entre Educación y las familias de un centro coruñés
21 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto creado en el colegio coruñés Ramón de la Sagra con motivo de la retirada de las placas de amianto de la cubierta servirá para avanzar en la aprobación de una normativa gallega sobre desamiantado en centros escolares, en consonancia con reglamentos de referencia desarrollados por autonomías como Andalucía y diferentes países del entorno europeo. Era una de las aspiraciones de las familias desde que estalló la crisis a finales de octubre y, una vez que el problema ha quedado resuelto con la confirmación por un laboratorio francés de la ausencia de fibras de asbesto en el centro, y la inmediata vuelta a clase del centenar de alumnos que permanecían en casa desde el comienzo de la obra hace 36 días, la posibilidad de que el polémico caso del Ramón no se repita en Galicia ha empezado a tomar forma.
El Valedor do Pobo, principal apoyo institucional de los padres en su empeño -a la postre infructuoso- de que la Consellería de Educación ejecutara las obras fuera del período lectivo, trasladará al Parlamento la conveniencia de «fixar criterios normativos moi claros que apliquen ante todo o principio de precaución -explicaron fuentes de la institución- ante presuntos efectos nocivos para a saúde dos procesos de desamiantado, programándoos en períodos non lectivos, de descanso dos escolares e do persoal dos centros». La valedora, Milagros Otero, aprovechará «case con toda probabilidade» su comparecencia parlamentaria al hilo de la presentación de la memoria anual de su oficina correspondiente el 2016 para trasladar su recomendación a la Cámara.
Esa intervención, cuya fecha depende de la redacción definitiva del informe y de la agenda parlamentaria, abrirá un debate sobre la exposición a este mineral cancerígeno reconocido por la OMS desde 1987, que en España solo está regulada mediante un Real Decreto -el 396/2006- sobre medidas de protección de los trabajadores y una guía técnica elaborada por el Ministerio de Trabajo para «facilitar a los empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y aplicación» del texto legal. La propia existencia de esta guía da idea de la complejidad del análisis. Según las familias, el conflicto del Ramón de la Sagra puso en evidencia la desprotección legal de los niños frente al asbesto -un elemento para el que no hay umbrales mínimos de seguridad, según la máxima autoridad médica en Galicia, la neumóloga del área sanitaria de Ferrol Carmen Diego- y por extensión de cualquier persona ajena a los trabajos. Sin embargo, a juicio de la Confapa, que llevó adelante iniciativas ante la valedora para «clarexar o marco legal» y elevará el caso del colegio coruñés al Consejo Escolar del Estado, no puede hablarse de vacío pues las garantías para terceros quedan implícitas en el texto. Las discrepancias terminan en el asunto de la concurrencia. Ahí, tanto el Valedor do Pobo como los padres, que mantendrán activa la coordinadora, concuerdan: obras o niños, pero los dos juntos en el colegio, no.