Bloquea la renovación del Consejo Escolar, cuyo dictamen es imprescindible
20 sep 2016 . Actualizado a las 07:46 h.Lío tras lío y un embrollo sobre otro. La progresiva implantación del calendario de la reforma educativa, la Lomce, más que un camino asfaltado está resultando una carrera de obstáculos directa hacia el precipicio. A la fuerte contestación social y el rechazo de todos los partidos de la oposición se une ahora un enredo administrativo que amenaza la aplicación de las reválidas de los alumnos de segundo de bachillerato y de cuarto de ESO durante este curso, tal y como estaban programadas, aunque en este primer año la nota no contaría para pasar de nivel.
El real decreto que establece la creación de estas dos pruebas fue aprobado el pasado 29 de julio, pero el mismo texto legislativo recoge que su diseño, contenido, características y fechas propuestas para la celebración de los exámenes debe desarrollarse en una orden ministerial que tendrá que estar aprobada antes del 30 de noviembre. Este texto, a su vez, debe ser sometido al dictamen del Consejo Escolar del Estado, el principal órgano consultor y de participación de la comunidad educativa.
Hasta aquí todo en orden, pero lo que ocurre es que este órgano no está operativo a día de hoy, ya que su presidente, Francisco López Rupérez, y su vicepresidenta, María Dolores Molina de Juan, se jubilaron el pasado mes de mayo. Sin ninguno de sus miembros que pueda convocar una asamblea, ya que los únicos que lo podían hacer son los ahora retirados, no se podrá acordar un dictamen y las polémicas reválidas seguirán manteniéndose en suspenso. Habría que cubrir una tercera baja a causa del fallecimiento de su secretario general, José Luis de la Monja, aunque este cargo no tiene potestad para convocar reuniones.
Solo el Gobierno tiene la autoridad para designar a nuevos miembros del consejo, pero no lo puede hacer en su actual situación de «en funciones».
«Le hemos hecho ver al ministro de Educación que estamos en un callejón sin salida, porque hicieron algo que, a nuestro juicio, no tenían que haber hecho, que es aprobar el decreto de reválidas el pasado 30 de julio», explica José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), en declaraciones recogidas por Europa Press. «Ellos -añadió- ya conocían la situación cuando lo aprobaron, y no les importó. Ahora, sin investidura, están metidos en un auténtico jardín que ellos mismos han provocado y del que es difícil salir».
En lo que parece un callejón sin salida, la única vía que ha encontrado el Ministerio de Educación ha sido encargar un informe a la Abogacía del Estado para que le ofrezca algún resquicio legal que le permita salir del atolladero y se pueda convocar la reunión del Consejo Escolar del Estado. El resultado de las deliberaciones del máximo órgano asesor de Educación no es vinculante, ya que el Gobierno puede desoír o no las recomendaciones realizadas, pero la consulta es obligatoria.
El informe de la Abogacía del Estado podría tardar unos días o demorarse incluso semanas. Es de suponer que, en el caso de que aporte una solución, sea necesario seguir también unos plazos y el tiempo apremia.
Primer rechazo al pacto de Estado del ministro de Educación en funciones
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se reunió ayer con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) en el primer encuentro de una nueva ronda de contactos en busca de un pacto de Estado por la educación. José Luis Pazos, presidente de esta organización, anunció, por contra, su intención de recurrir el real decreto que regula las reválidas. Si lo formalizan, se sumarían al PSOE, a Ciudadanos y a Comisiones Obreras. «Es un ministro en funciones que quiere pactar sobre una Lomce ya implementada. No tiene ni la legitimidad ni la credibilidad», destacó el portavoz de la última organización.