Justicia reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no limite la libertad de información
SOCIEDAD
Catalá atiende las demandas de editores y periodistas y se compromete a revisar el artículo 520.1 de la norma
01 jul 2015 . Actualizado a las 22:21 h.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), como le han solicitado editores y periodistas.
En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), a la que pertenece La Voz de Galicia, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque el citado artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información. Concretamente, con el voto favorable de los grupos Popular y CiU, se añadió al artículo 520.1 referido a las detenciones. Especifica que en el arresto «se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores».
En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
Libertad de información
Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información.
En otro encuentro con representantes de las organizaciones de editores y periodistas, el portavoz del Grupo Socialista del Senado -donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley-, Óscar López, mostró su disposición a rechazar el texto del artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.
En la reunión con el ministro participaron el director general de AEDE y la adjunta, José Gabriel González e Irene Lanzaco; la presidenta y el vicepresidente de la FAPE, Elsa González y Aurelio Martín; y, en por el FOP, el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.
El polémico artículo
La parte más polémica del artículo y que choca con la libertad de información es la primera frase: «La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Esta redacción podría poner trabas a la libertad de información. La polémica se avivó en abril pasado con la detención del exdirigente del FMI y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, cuando los fotógrafos captaron las imágenes de su detención.