El Gobierno lleva a los tribunales a la Generalitat por la enseñanza en castellano
SOCIEDAD
La Abogacía del Estado recurrió el formulario de preinscripción y matrícula en escuelas financiadas con fondos públicos por el ejecutivo catalán
07 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Abogacía del Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a instancias del Ministerio de Educación, el formulario de preinscripción y matrícula en escuelas financiadas con fondos públicos de la Generalitat. Consideran que estos documentos vulneran la ley porque no ofrecen a las familias la posibilidad de decidir cuál debe ser la lengua vehicular para sus hijos.
Con este movimiento solicitan, de forma cautelar, la apertura de un nuevo plazo a las inscripciones para el próximo curso que contemple el castellano como opción. La medida puede afectar al millón y medio de estudiantes que empezarán las clases en un centro público o concertado en Cataluña en septiembre. O tal vez a ninguno. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó ayer que «el recurso no pretende anular la matriculación que ya se ha hecho, que es perfectamente válida, ni afectar al proceso de matriculación». Solo busca, aseveró, abrir un plazo adicional para que las familias que desean que sus hijos estudien en castellano «puedan hacerlo».
Inseguridad jurídica
La consejera de Educación del ejecutivo catalán, Irene Rigau, respondió al Ministerio y aseguró que la medida corresponde «al último intento de acabar con el modelo lingüístico catalán, aunque sea provocando una inseguridad jurídica a las familias catalanas por intereses puramente partidistas».
Las quejas de Rigau tuvieron el apoyo del arco político catalán. CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP se «plantaron» y aseguraron que se «mantendrán firmes» ante un «irresponsable» y «desproporcionado atentado» al catalán, al sistema de inmersión lingüística y a la cohesión social en Cataluña, que la CUP incluso ha calificado de «golpe de Estado».
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera «legítimo» que el Gobierno reclame a la Generalitat que acate la ley, pero denunció falta de «voluntad política» para «solucionar» el modelo lingüístico catalán. Rivera cree que la solución es un modelo trilingüe con castellano, inglés y catalán como vehiculares.