La reforma universitaria reduce a tres años los grados y amplía los másteres a dos

El nuevo decreto cuenta con el rechazo del profesorado que considera que los títulos de posgrado de dos años encarecerán la educación

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30/01/2015 09:02 h

El Gobierno aprobará previsiblemente este viernes el real decreto que permite a las universidades ofertar grados de tres años, más másteres de dos años, junto a la actual oferta de cuatro más uno, para converger con Europa. Esta reforma universitaria, sin embargo, cuenta el rechazo de una gran parte de la comunidad educativa. La secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Monserrat Gomendio, ha explicado este jueves que las universidades tendrán la potestad de reducir la duración de algunos grados y de implantar másteres de entre uno y dos años, unas modificaciones que podrán acometer si quieren y cuando quieran.

Ha recordado -en una entrevista en la cadena Cope- que durante la implantación del Plan Bolonia, en el 2007, España optó por un «sistema rígido» que obligaba a que los grados fuesen de cuatro años y los másteres de uno, a diferencia de las tradicionales licenciaturas de cinco años y las diplomaturas de tres que había hasta entonces. Sin embargo, los países europeos más avanzados se decantaron por un sistema más flexible donde los grados duran tres, cuatro o cinco años y los másteres, entre uno y dos, ha resaltado.

Esa posibilidad de que las universidades, de forma voluntaria, ofrezcan a los alumnos grados de entre 180 (tres años) y 240 créditos (cuatro años) ha provocado el rechazo de buena parte de la comunidad educativa y, por ejemplo, los sindicatos de docentes CCOO, UGT, CSI-F y CIG (Confederación Intersindical Galega) han convocado para este jueves y este viernes concentraciones ante los rectorados de las universidades públicas. Estos sindicatos han señalado en un comunicado conjunto que se trata de una reforma que no cuenta con el «consenso» de la comunidad universitaria y que los másteres de dos años encarecerán la educación. Similar opinión han sostenido este jueves PSOE e IU.

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que se paralice este real decreto porque, según la portavoz socialista de Universidades, Angelina Costa, se debe contar antes con un informe del Consejo de Universidades sobre los resultados de la vigente ordenación universitaria tras Bolonia. Los socialistas también solicitan que se promueva en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario una comisión que elabore un estudio sobre los efectos de la reforma en la financiación de las universidades, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados. En un comunicado, el PSOE ha afirmado que se suma a las críticas de la Conferencia de Rectores, del Consejo de Estado, de sindicatos y de estudiantes respecto a esta nueva oferta.

Costa ha criticado que el Ministerio de Educación se limite a afirmar que «los cambios contribuirán a favorecer la internacionalización de las universidades españolas», sin presentar estudios que respalden sus beneficios. El área federal de Educación de IU ha advertido de que el nuevo real decreto provocará la expulsión de muchos estudiantes por el mayor precio de los másteres. En un comunicado, el coordinador de la citada área de IU, Enrique Díez, ha dicho que el decreto «sale adelante por el empecinamiento del ministro Wert, con el varapalo del Consejo de Estado y sin ningún tipo de debate con la comunidad universitaria».

Si hoy los másteres de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros, con el nuevo decreto se tendrá que afrontar el pago de dos años, lo que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio, ha añadido. Por su parte, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES) ha asegurado en una nota que «la defensa de la universidad pública» pasa por impedir la aprobación de este decreto pues su aplicación «contribuiría al desmantelamiento progresivo de la universidad pública».

Por otra parte, el Sindicato de Estudiantes, junto con CCOO, representantes de la Marea Verde y otros colectivos estudiantiles explicarán este viernes, a las puertas del Ministerio de Educación, su rechazo a este «decreto 3+2» que «supone acabar con cualquier posibilidad para los hijos de trabajadores de acceder a la Universidad».

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