La ley ofrece la opción -muy restrictiva- de destruir los embriones. Agustín Ballesteros considera que debe buscarse para ellos el final más noble posible.
-¿Es la ley la que está generando el acúmulo de embriones?
-Es verdad que está el tope de 35 años de la mujer para las donaciones, y eso limita. También el hecho de que los proyectos de investigación estén minimizados. Quizá se deba favorecer que las clínicas que no tienen esas líneas cedan sus embriones a otras que sí puedan investigar.
-La ley plantea la opción de la destrucción, pero apenas se hace. ¿Por qué motivo?
-En última instancia se puede cesar la conservación, pero debe ser la última vía. Conozco a muy poca gente con ganas de destruir embriones. Hay que luchar por un fin lo más noble posible. Las clínicas, al final, prefieren dejarlos ahí, congelados.
-¿Por qué no hay registros de resultados y donantes a pesar de que lo exige la ley?
-El de resultados sí existe. Lo lleva la propia SEF, aunque es voluntario y recoge el 60 % de la actividad. El Estado quiere hacerlo obligatorio y crear el de donantes. Están en ello y sé que hay voluntad firme. También la UE está presionando para que se lleve a cabo.
-¿Qué solución tiene el proceso de acumulación al que asistimos?
-Sería interesante plantearse excepciones a la ley. Por ejemplo, que se puedan donar embriones de mujeres de más de 35 años, aunque no se cobre por ellos. También fomentar la investigación y tal vez buscar una mayor responsabilidad de los padres para que se comprometan a usar los que tienen congelados.