«No se puede permitir que una mujer que denuncia muera a manos del agresor», dice la presidenta del observatorio del Poder Judicial
04 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer que el Gobierno impulsará un gran acuerdo social contra la violencia machista. Mato, que se reunió con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, quiere atajar una lacra social que este año ha supuesto el asesinato de 40 mujeres. Carmona lo manifestó de una manera muy explícita: «No se puede permitir que una mujer que denuncia tenga que morir a manos de su agresor» y abogó por mejorar la coordinación entre jueces y policías para proteger a las víctimas.
La titular de Sanidad consideró «objetivo primordial» un gran pacto en el que estén involucrados los partidos y los agentes sociales. De hecho, tiene previsto reunirse con los grupos parlamentarios y con organizaciones empresariales, sindicatos y grupos de comunicación. También convocó un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Durante la reunión de ayer se analizaron los casos de las últimas víctimas mortales con el fin de valorar las medidas legislativas y organizativas y estudiar la adopción de otras nuevas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández, explicó que las propuestas pasan por que las víctimas tengan ayuda «antes, durante y después» de denunciar. Para ello es fundamental concienciar a la sociedad de los peligros.
Mato y Carmona desgranaron propuestas para facilitar y promover las denuncias contra los malos tratos. El ministerio y el CGPJ impulsarán mecanismos para que las fuerzas de seguridad dispongan de las denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentados en dependencias policiales, con el objetivo de conocer en el momento de la valoración de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación. Asimismo, el Ministerio de Sanidad y el Observatorio acordaron acelerar los trabajos que desde julio realiza el grupo creado para la mejora del cuestionario de valoración policial del riesgo.
Mato y Carmona coincidieron en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de las administraciones implicadas, más allá de las órdenes de protección. Y destacaron la importancia de que la mujer cuente con asesoramiento jurídico gratuito antes de denunciar. Otro de los puntos abordados fue la sensibilización y la concienciación para potenciar la formación de jueces y demás personal de Justicia. En el caso de los menores, el proyecto de ley de estatuto de la víctima del delito establece que los órganos judiciales, cuando resulte necesario al fin de proteger a la víctima menor de edad, adopten medidas como suspender la patria potestad.