La renuncia de ACS al almacén de gas puede costar 1.400 millones al Estado

ACS tira la toalla. La empresa liderada por Florentino Pérez, que en el 2008 logró la concesión del Gobierno, en sociedad con la firma canadiense CLP, para la construcción y explotación de un almacenamiento de gas subterráneo frente a las costas de Castellón, anunció ayer que renuncia al proyecto Castor. La compañía había iniciado a mediados del 2013 la inyección de gas en una antigua bolsa de petróleo situada a 1.750 metros de profundidad, pero el Ministerio de Industria decidió paralizar la actividad el 26 de septiembre después de que se registraran cerca de 600 pequeños terremotos en la zona, lo que desencadenó una gran reacción popular en contra de la instalación. A partir de ese momento, el Gobierno encargó informes técnicos al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico Minero de España para determinar si existía una relación directa entre los seísmos y la presión ejercida por el gas. Los estudios, que se dieron a conocer hace unas semanas, dejaron constancia de esta asociación sin ningún género de dudas, lo que suponía el carpetazo a la explotación a la espera de un dictamen definitivo encargado a un centro independiente del extranjero.

El Grupo ACS, sin embargo, no ha querido esperar y ayer mismo inició el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones y del resto de los titulares de los bonos que emitió para financiar la infraestructura gasística. La compañía emitió en julio del pasado año 1.400 millones de euros en bonos para sufragar el almacenamiento. Si se acepta la propuesta de Escal -la empresa participada en un 67 % por ACS y en un 33 % por CPL- comenzará el proceso de reversión al Estado de la licencia de explotación. De este modo todo apunta a que serán las propias arcas públicas las que tendrán que asumir una indemnización de entre 1.400 y 1.600 millones de euros. Las cifras bailan porque ACS también considera que deben incluirse en la partida los gastos extraordinarios y operativos que le supuso el proyecto. En todo caso será una auditoría la que concretará la cantidad.

Devolución del dinero

El ministro de Industria, José Manuel Soria, evitó pronunciarse ayer sobre la verdadera cuestión de fondo, argumentando que habrá que esperar «a ver las condiciones de la renuncia, y si esta es autorizada por el Banco Europeo de Inversiones».

ACS argumenta que tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento «con derecho al cobro del valor neto contable de la misma, salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual». La negligencia, en este caso, no parece de la compañía, sino de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobado por el Gobierno de Zapatero en el 2009, que no valoró en su estudio el riesgo sísmico. Este factor es, de hecho, el que ahora hace inviable la infraestructura.

Tampoco está claro cómo hará el Gobierno para devolver el dinero que finalmente se fije en concepto de indemnización, pero los expertos apuntan a que la financiación recaerá en los propios ciudadanos a través de un recargo en la factura del gas, tal y como se hizo con la tarifa eléctrica tras la moratoria nuclear decretada en los años ochenta.

«Los estudios de impacto para este tipo de prácticas, tal y como se ha evidenciado, deben ser más rigurosos», según destacó ayer el director de campañas de Greenpeace. «El proyecto Castor es historia, lo que supone -dijo- un aviso a navegantes a quienes han dado permiso para las prospecciones en Canarias». En la costa de Castellón estaba previsto que se almacenasen 1.600 millones de metros cúbicos de gas.

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