La desesperación de Europa por encontrar fuentes alternativas de energía es más patente ahora que nunca. Pero la vigilancia ecologista, multiplicada por las redes sociales, está muy atenta a cualquier anuncio.
El último fue el del Ministerio de Medio Ambiente de autorizar una prospección en aguas canarias -a sesenta kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote- por parte de Repsol. Gobierno, vecinos y organizaciones ecologistas han puesto el grito en el cielo y anuncian movilizaciones. En su caso, no tanto por los sondeos sino por lo que vendría después si estos son positivos. A los habitantes de Canarias no les preocupa que se use o no la técnica del fracking, sino que haya derrames y los vertidos afecten a los ecosistemas del entorno y, por supuesto, al turismo.
Lo que le ocurre a España pasa también en otras partes. Por ejemplo, en Irlanda se están permitiendo unas prospecciones en el banco de Porcupine, en la zona de cigala del Gran Sol, que afectan directamente a los gallegos.
Hugo González, portavoz de los armadores vigueses que faenan en el caladero, explica que los sondeos en esa zona son habituales, pero en este caso se trata de una superficie enorme -unos 8.000 kilómetros cuadrados, como el tamaño de la provincia de Ávila- y la prohibición de pescar se extiende desde el pasado abril hasta octubre. González ya trasladó su preocupación al Gobierno español, todavía sin respuesta. Para él, además del parón de meses sin trabajo en la zona -en junio suelen acudir unos diez barcos españoles a ese banco- existe la duda de cómo reaccionará la biomasa autóctona ante tales pruebas de sónar.