Sáenz de Santamaría dice que se priorizará el cambio del Código Penal
03 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El ala moderada del Gobierno y del PP ha ganado la batalla del aborto. Al menos, momentáneamente. Ayer, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba de manera informal a los periodistas (sin grabadoras) que la polémica reforma de la ley del aborto promovida por Gallardón se aplaza sine die, punto que más tarde matizó a través de un portavoz para decir que no se aparcaba, sino que «se tramitará al mismo ritmo que otras leyes». Lo cierto es que de forma voluntaria o no, la citada reforma lleva aparcada en la agenda del Ejecutivo desde el pasado otoño.
Ayer lo que dijo la segunda del Ejecutivo es que el Gobierno quiere priorizar otros cambios programados por el Ministerio de Justicia, que debe abordar diferentes reformas del ordenamiento jurídico: por una parte, presentar un nuevo Código Penal, una materia siempre muy sensible, en la que se incluya la llamada «presión permanente revisable» o cadena casi-perpetua; y, por otra, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se potenciaría el papel de los fiscales en la fase de instrucción de una causa.
En cuanto al aborto, la norma en vigor (del 2010) permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y, en caso de peligro para la madre o malformación fetal, lo alarga hasta la semana 22. Ruiz Gallardón dijo desde el principio que él quería recuperar la ley anterior, la de 1985, en la que una mujer con problemas psíquicos o físicos podía abortar en cualquier momento del embarazo, una violación tenía que ser intervenida en las 12 primeras semanas (y con denuncia previa) y la malformación fetal permitía el interrupción de la gestación hasta la semana 22.
Pero si volver a 1985 era ya polémico de por sí -se podía abortar fetos viables, en la semana 35, por ejemplo- Gallardón fue un poco más allá. La presión de los grupos provida le hizo revisar toda la ley, especialmente el aborto eugenésico (en caso de malformación fetal). El empeño del ministro en erradicar esa opción fue, sin duda, el mayor punto de división en el partido y Gobierno. Este aspecto es especialmente delicado porque hay una sensibilidad variada -no es lo mismo una discapacidad intelectual que una malformación incompatible con la vida- y también, posiblemente, porque el Ejecutivo no se quería arriesgar a millonarias demandas futuras de padres con hijos con problemas muy graves nacidos al amparo de la ley.
Por si eso fuese poco, antes Gallardón había insinuado eliminar la posibilidad del daño psicológico de la madre -dejaría por tanto el aborto solo para violaciones y en caso de peligro físico grave para la embarazada- aunque en este punto nunca fue especialmente radical. Sí indicó que este supuesto debería estar «acreditado» por profesionales para evitar que se convirtiese en el coladero que efectivamente era.
Para el ala moderada del PP lo ideal podría haber sido mantener la ley del 2010 -en casi toda Europa hay ley de plazos- eliminando lo que fue el caballo de batalla popular entonces: que las menores de 16 y 17 años pudiesen acudir a las clínicas sin que lo supiesen sus padres. Para el PP esto era intolerable y exigían como mínimo que se informase a los progenitores.