Exigen la aplicación de la custodia compartida que anunció el PP

Pais e Nais Separados acudieron a Madrid para presionar al Gobierno


Redacción / La Voz

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el pasado 13 de junio en el Congreso que encargaría «a la comisión de codificación una modificación del Código Civil» para que el artículo 92 «deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores». Es decir, para que se convierta en la opción prioritaria en separaciones y divorcios. Agregó que la reforma estaría «lista en seis meses». Es decir, el 13 de diciembre.

Ante la demora acumulada, asociaciones en pro de la custodia compartida de toda España se reunieron ayer en Madrid con responsables del PP para saber si la palabra del ministro sigue valiendo. Entregaron además un documento en el que piden al Gobierno que «el núcleo de la modficación del Código Civil sea considerar la custodia compartida de los niños en procesos de divorcio como un derecho de los menores, por encima de las desavenencias de sus progenitores», y evitar así «la instrumentalización» de los hijos por parte de algunos de sus padres. Por tanto, reclaman que esta fórmula se recoja en la ley «en defecto de acuerdo de las partes, salvo casos especiales».

Tras la reunión cundía el desánimo entre los miembros de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados. «Lo que tememos es que Gallardón quiere dar carpetazo a esa reforma del Código Civil y que su verdadera intención ahora es dejar todo en manos del juez», lamenta su presidente, Antonio Díaz.

No es de la misma opinión Manuel Altava, portavoz de Justicia del PP en el Senado y que recibió ayer a los representantes de la asociaciones. «Me resisto a creer que no se vaya a hacer la reforma», apunta antes de aventurar posibles novedades en abril.

Altava considera «imprescindible» la modificación del Código Civil para lograr al fin una «uniformidad de doctrina» que acabe con la aplicación desigual que actualmente se produce en España, donde hay provincias como Jaén, en las que solo el 3,4 % de las custodias son compartidas, mientras en Gerona son el 22 %.

En España, las comunidades de Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia han promulgado leyes propias para que la custodia compartida sea opción preferencial incluso cuando no hay acuerdo entre las partes. En el resto, la primera opción es la custodia monoparental, aunque desde octubre del 2012 es el juez el que decide si otorga o no la compartida cuando uno de los cónyuges la solicita, sin la condición (obligatoria hasta esa fecha) de que el fiscal informe previamente de manera favorable.

Las asociaciones se reunieron también ayer con representantes del PSOE -entre ellos, Ramón Jáuregui-. La impresión tampoco fue buena. «Ya contábamos con la oposición del PSOE», valora Antonio Díaz.

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