En el texto se refleja que los ayuntamientos, cuyas arcas están apuradas, «no van a poder contar con los recursos que debería aportar la Iglesia», y se le indica que la actual doctrina permite tener edificios abandonados, mantenerlos sin productividad «sin coste tributario alguno y al margen del tejido productivo con perjuicio para la economía nacional», sostiene este recurso, listo para su presentación en Madrid.

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