La justicia decide este jueves sobre el cierre de las urgencias en Castilla-La Mancha
SOCIEDAD
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidió suspender cautelarmente la semana pasada los cierres acordados por la administración autonómica
23 ene 2013 . Actualizado a las 20:45 h.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) decidirá este jueves sobre el cierre de las urgencias nocturnas en 21 centros de salud de esta comunidad después de que la pasada semana suspendiera cautelarmente estos cierres acordados por la administración autonómica a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Tembleque (Toledo).
Los cuatro magistrados que debían tomar esta decisión han empatado en sus votos, con lo que este jueves se les sumarán otros tres magistrados y ya no habrá posibilidad de empate.
A la espera de lo que determine la justicia, el gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Sánchez Losada, aseguró este miércoles que ni él ni su equipo decidieron el polémico cierre de estas urgencias durante las noches, contradiciendo de esta forma a lo dicho hasta ahora por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Según el gerente de Urgencias, esta decisión ha sido exclusivamente política «pues nunca ha sido de mi competencia» y «una vez tomada, desde la Gerencia hemos hecho un plan de reorganización de los recursos móviles de urgencias y emergencias para garantizar la atención sanitaria, ya que intentamos aplicar medidas eficientes con los recursos que se ponen a nuestro alcance».
Sin embargo, desde el Gobierno autonómico, tanto la Consejería de Sanidad como el gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Luis Carretero, insistieron este miércoles en que la decisión de estos cierres la tomaron los técnicos de Urgencias. «En la implantación de esta medida se ha tenido en cuenta la valoración de los técnicos de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario», afirmó el máximo responsable del SESCAM, que lamentó «la presión política y mediática a la que se está sometiendo a los profesionales sanitarios por una medida que solo persigue la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y en la que sólo se han tenido en cuenta criterios técnicos».