La sanidad gallega, entre «las peor posicionadas» según la Memoria 2012 de la asociación de Defensa del Paciente
24 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los recortes en sanidad ya no son cifras abstractas manejadas con frialdad por políticos o recogidas en titulares de prensa. Los ajustes tienen ahora consecuencias prácticas y graves para los pacientes, víctimas de la falta de medios. Las denuncias por negligencias médicas se elevaron hasta las 13.782 en 2012. Esto supone 772 más que en 2011 y un incremento de más de 1.300 desde 2007, el último año previo a la crisis. Los casos de pacientes fallecidos por presunta mala praxis también se incrementaron hasta los 692, es decir, 89 más que el año anterior. Estos son los preocupantes datos presentados este miércoles en la Memoria 2012 por la asociación del Defensor del Paciente. «Los recortes realizados por el Gobierno y las comunidades autónomas en sanidad están deteriorando el tratamiento de los pacientes», resume la presidenta de la Asociación de Defensa de los Pacientes, Carmen Flores.
El estudio muestra un panorama desolador en el sistema sanitario debido a los recortes tomados por el Gobierno para cumplir con el déficit.
Así, el texto denuncia los cierres de quirófanos, la eliminación de camas o la suspensión de ambulatorios. Además, critica el incremento de las jornadas laborales y la reducción de la plantilla de profesionales a través del despido del personal docente que repercute negativamente en la calidad de la atención del paciente. «El Gobierno actúa con maldad y afecta a los más débiles, que son quienes más ayuda necesitan», critica Flores.
Esta falta de medios en un tema tan delicado como la salud puede tener consecuencias muy graves. La principal razón de las denuncias (a las que en un 40% de los casos los tribunales dan la razón) se debe al «error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes», según el documento.
El mayor número de denuncias tiene que ver con la traumatología, la cirugía general, las listas de espera, las urgencias, la ginecología y obstetricia y el transporte sanitario y de ambulancias. En cifras absolutas, 384 están relacionadas con la cirugía plástica, reparadora y estética. Estas quejas afectan mayoritariamente a los centros privados por ser estos hospitales los que mayor número de estas operaciones practican.
Otros casos dramáticos tienen que ver con los más indefensos. Hasta 140 bebés nacieron con alguna discapacidad, 21 casos más que en 2011.
Los motivos fueron principalmente un parto realizado de forma inadecuada y un mal uso del forceps que les provocó secuelas como parálisis cerebral o braquial. El estudio también denuncia 78 muertes de pacientes por infección hospitalaria, después de que el centro no cumpliera las medidas de asepsia necesarias. Sin embargo, la propia asociación critica que el número real es muy superior. Además, 56 pacientes denunciaron haber contraído la hepatitis C por transfusiones de sangre en intervenciones.
Carmen Flores también se mostró muy crítica con los recortes de los cierres de urgencias llevados a cabo en Castilla-La Mancha, pero también en otras comunidades. «Estos cierres ponen en peligro la salud de los ciudadanos», acusó. En algunos casos los pacientes tendrán que recorrer hasta 30 kilómetros más para llegar al centro más cercano, con la consiguiente pérdida de tiempo en la atención del paciente. Y en situaciones de gravedad, como recuerdan en la asociación, cada minuto cuenta. De hecho, según el documento, el retraso en el envío de una ambulancia (más de una hora) causó la muerte de 68 personas en 2012.
Listas de espera
También es llamativo que la organización recogiera 101 denuncias relativas a la depilación láser. Este elevado número de quejas denota el auge de una técnica que en muchas ocasiones no está bien realizada y que acaba provocando en algunos pacientes importantes quemaduras. Los principales defectos tienen que ver con la utilización de láseres de mala calidad. También han detectado que en muchos casos, las personas encargadas de realizar este tratamiento no son médicos, y por tanto, carecen de la cualificación necesaria. Por eso, desde el Defensor del Paciente reclaman a la administración más controles en estos centros.
Las comunidades autónomas donde se produjeron más denuncias por negligencias médicas son Madrid con 3.464 casos, seguida de Andalucía (1.985), Cataluña (1.918) Comunidad Valenciana (1.362) o País Vasco (540), una lista lógica si se tiene en cuenta que son las que mayor población tienen.
En una evaluación global, la asociación solo da el aprobado a los sistemas sanitarios del País Vasco y La Rioja, «aunque no están todo lo bien que deberían». Al resto de las comunidades autónomas las suspende, con una especial incidencia en Canarias, Cataluña y Galicia, a las que califica como «las peor posicionadas». La entidad tmbién destaca el empeoramiento de la situación en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Cantabria.
Otra de las consecuencias de la crisis está vinculada al incremento de las listas de espera, hasta alcanzar los 605.000 pacientes. Esto supone un aumento de más de 100.000 personas respecto al año anterior. «Las personas que están en lista de espera es porque están mal. Cualquier retraso en su tratamiento puede conllevar un desenlace fatal», asevera Flores. El Defensor del Paciente explica que «un enfermo puede aguardar tranquilamente de seis meses a tres años para ser intervenido», en un proceso que incluye los siguientes pasos: la cita con su médico de cabecera, la derivación al especialista, la práctica de pruebas diagnósticas, otra cita con el especialista para valorar el diagnóstico, la inclusión en la lista de espera y el transcurso añadido hasta ser llamado para la cirugía. Además, la asociación también lamenta que las «legítimas protestas» de los profesionales sanitarios acaben repercutiendo en los pacientes, que quedan atrapados «como rehenes» en un conflicto laboral.