El municipio aprobó el miércoles la plantación de marihuana en terrenos municipales para paliar la crisis económica
02 mar 2012 . Actualizado a las 22:03 h.La Fiscalía de Tarragona ha abierto hoy diligencias informativas en relación con la decisión del pequeño pueblo tarraconense de Rasquera de permitir la plantación de cannabis en terrenos del municipio, una iniciativa destinada, según este consistorio, a paliar la crisis económica.
Según ha informado la Fiscalía Superior de Cataluña, se ha procedido a abrir las diligencias respecto al acuerdo del plenario del ayuntamiento de esta localidad del pasado miércoles, cuando se aprobó la firma de un convenio con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para plantar cannabis en terrenos de particulares del municipio de 900 habitantes. «La impugnación y control de legalidad de los acuerdos de los plenos de los ayuntamientos corresponde a la Delegación del Gobierno y a la Generalitat», ha reconocido la fiscalía, y ha agregado que, independientemente de sus actuaciones en el ámbito penal, «hay una revisión y estudio de la legalidad administrativa de este acuerdo municipal que corresponde a las instituciones citadas».
La Fiscalía tarraconense añade que se trata de «dos vías paralelas y complementarias que harán su recorrido y que una vez que se haya accedido a la información necesaria de datos que todavía hoy no se tienen», al menos por su parte, «darán lugar a la decisión oportuna sobre la materia».
Según han informado fuentes municipales, Rasquera recibirá de inmediato los primeros 30.000 euros del convenio para que la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo pueda plantar cannabis en unos terrenos cuyos propietarios los ceden al consistorio para que este controle el proceso.
El alcalde del pueblo, Bernat Pellisa, y el presidente de ABCDA, Vojislav Djordjevic, firmaron anoche en el edificio consistorial este contrato, por el que el ayuntamiento recibirá 6.000 euros más dentro de un mes y 1,3 millones en los próximos dos años, han indicado las citadas fuentes. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona ha requerido al Ayuntamiento de Rasquera toda la información de que disponga sobre el proyecto, ha informado el alcalde. «Actuaremos con toda la lealtad y diligencia y ayudando en todo lo posible. Le enviaremos toda la información que necesite, con transparencia y para que no haya ninguna duda», ha indicado Pellisa.
Ha añadido que «es positivo» que la Fiscalía de Tarragona haya abierto diligencias informativas con relación al acuerdo del pleno. «Es positivo que actúe y que hagan su trabajo, porque estoy seguro de que lo harán bien», ha dicho Pellisa, que ha apuntado que «quien no tiene que actuar es el conseller de Interior, Felip Puig», en alusión a declaraciones de Puig quien dijo que los Mossos d'Esquadra actuarán y llevarán la plantación de marihuana ante la Justicia.
La Delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, también ha pedido al consistorio de Rasquera que le remita las actas del pleno en el que se aprobó la cesión de terrenos, así como la documentación, los expedientes y los informes de la iniciativa, con el objetivo de que sean examinados por la Abogacía del Estado.
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha indicado que la Abogacía del Estado estudiaba impugnar la decisión del Ayuntamiento de Rasquera y ha denunciado «la perversión del lenguaje» que emplea el consistorio para defender una actuación que «cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito». En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe un «resquicio legal» para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el «autoconsumo» y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad que tiene 5.000 socios, una plantación de siete hectáreas y un beneficio de más de un millón de euros en dos años.
El Ayuntamiento de Rasquera ha presentado un informe jurídico, científico, técnico y económico elaborado por dos despachos de abogados barceloneses que avala el proyecto, por entender, entre otras cosas, que el consistorio actúa como «intermediario» en la creación de la plantación.