La educación, siempre ella y sus necesarias reformas. Llevamos más de cuarenta años afanándonos en revisarla, desde arriba y con fecha de caducidad anunciada. Sin ir más lejos, venimos haciéndolo desde que la Ley General de Educación (1970) ordenó, a su modo, el sistema educativo español: una estructura acomodada a tiempos (edades, ciclos, etapas, cursos, calendarios...), procesos y realidades a los que fiamos algunos de los logros más estimables de nuestro desarrollo individual y colectivo. Lo declara la Constitución al invocar los principios que han de guiar las políticas educativas y la legislación que de ellas se derive: educar en el respeto a los principios democráticos de la convivencia, a los derechos y libertades fundamentales. Tanto y tan poco, como para que cualquier ansia reformista (o, simplemente, revanchista) sitúe a los Gobiernos ante la urgencia de rehacer la enseñanza heredada, con una lógica que casi siempre responde a los mismos impulsos: ya que no nos va bien con la educación que tenemos (lo que suele ser verdadero y objetivable), los cambios que se hagan solo pueden mejorarla; lo que es falso y, a menudo, tendencioso.

Como no faltan motivos para justificar las reformas, las bondades que proclaman parecen incuestionables. Eso cree el ministro Wert y quienes avalan su propuesta para reformar estructural y cotidianamente nuestro sistema educativo. Se equivocan, aunque desearíamos por el bien de todos que no lo hicieran: primero, porque no tendremos la educación que necesitamos si no se construye desde un mínimo consenso; segundo, porque difícilmente tendrá futuro si sus horizontes se trazan con las obsesiones educativas del pasado; tercero, porque se habrá aprendido muy poco de los desasosiegos a los que nos llevaron otras reformas, en sus diseños y en sus consecuencias prácticas. Demasiados intereses mezclados, visibles y ocultos, para cambiar la educación que nos damos.