La Conferencia Episcopal defiende que el aborto sea considerado delito


12/12/2009 02:00 h

Los obispos no cejan en su empeño de continuar, aun con más dureza, su ofensiva contra la nueva ley del aborto. El portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, defendió que la interrupción voluntaria del embarazo no solo es un «pecado gravísimo», sino que además debería ser considerado «un delito» que lesiona la moral y «el mandamiento de ''n o matarás'' . ¿Puede alguna legislación civilizada -preguntó- considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?».

El interrogante encontró la inmediata respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera indicó tras la reunión del Consejo de Ministros que en la tarea de legislar, y en concreto en materia penal, «la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, el Parlamento», y no un organismo, por prestigioso que sea, «de la Iglesia católica». María Teresa Fernández de la Vega explicó que las relaciones del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se basan en «la lealtad y la transparencia», un planteamiento que «no está reñido con la discrepancia».

La portavoz gubernamental consideró que los obispos están legitimados para participar en los «debates sociales» que crean pertinentes, pero la decisión de tipificar el Código Penal «está en manos del Poder Legislativo». El proyecto de ley del aborto, que ahora es objeto de debate, «no va contra nadie» ni contra ningún sector social, reafirmó De la Vega, quien mostró su satisfacción por el acuerdo logrado entre socialistas y nacionalistas vascos en la tramitación porque ha proporcionado «más legitimidad si cabe» al proyecto gubernamental. Indicó que esa colaboración se traducirá en que tanto las mujeres como los profesionales de la sanidad contarán con «mayores garantías» a la hora de acometer una interrupción del embarazo.

El portavoz del Episcopado, antes de conocer estas palabras, sostuvo que «es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito», aunque acto seguido añadió que «no se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano, no pueda ser también un delito». Y es que el aborto, agregó, «es algo que nunca puede ser admitido moralmente y las leyes también tienen la obligación de proteger el derecho del no nacido». Martínez Camino eludió aclarar si abogaba por la penalización del aborto siempre y en cualquier circunstancia.

Inhabilitados para comulgar

Sostuvo después que «un pueblo que da su asentimiento social y legal para quitar la vida a sus hijos no está preparado para la solidaridad fraterna». La Iglesia, por tanto, «quiere dar voz a quienes no tienen voz, porque ellos no pueden defender sus derechos ni asociarse. Es gravísimo quitarles la vida y tiene fuertes repercusiones sociales y económicas». Insistió en su argumento de que el nuevo proyecto legislativo «supone un serio retroceso y empeora aún más la situación».

Habló también de la imposibilidad de conciliar la práctica católica con el apoyo a la normativa sobre interrupción del embarazo, e insistió en que los diputados que la respalden estarán inhabilitados para comulgar.

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