Los vecinos del rural esperan la flexibilidad del Catastro y del Concello con la regularización
SANTIAGO CIUDAD
Vuelven a insistir en la carencia de servicios para resaltar la «inxustiza» del impacto económico
07 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Satisfechos pero vigilantes en espera de que se cumplan los compromisos y las buenas palabras. Es la conclusión de la Federación de Asociacións de Veciños do Rural de Santiago (Ferusa) tras los encuentros mantenidos con el Concello y la gerencia regional del Catastro, de la que valoran su disposición «colaborativa» para flexibilizar la aplicación de la norma de regularización 2014-17 referida a las alteraciones constructivas en sus inmuebles, que en todo el municipio de Santiago se estima que afecta a unos 8.000 propietarios, 6.000 de ellos en las zonas rurales.
Los representantes vecinales del ámbito rural valoran especialmente, entre los compromisos acordados en el pazo de Raxoi entre Concello, Catastro y Ferusa, la disposición del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda a revisar, caso por caso alegado, las valoraciones catastrales que se consideren excesivas (como referencia, la representación vecinal apunta que debe ser el 50 % del valor de mercado), ya que esto incide de forma directa en la base liquidable para calcular el importe del recibo; así, quienes se consideren perjudicados deben realizar una alegación reclamando los valores «adaptados á realidade».
Además, el gerente regional del Catastro, Benito Bericochea, aceptó alargar el plazo de presentación de alegaciones, aunque pasaran los 15 días desde que se recibió la notificación, de forma que se podrá hacer «nun período de tempo razoable, como máximo ata o 30 de xuño». También se podrá presentar una nueva alegación, complementaria de otra anterior, para corregir datos erróneos que pudieran haberse incluido a causa de la celeridad con la que reclamaba el Catastro.
En cuanto a las actividades agrarias, las explotaciones en activo cuyos titulares así lo demuestren, tendrán bonificación, al tiempo que la edila de Facenda, María Rozas, se comprometió a estudiar la posibilidad de que las construcciones anexas a viviendas que anteriormente fueron necesarias para las labores agrícolas y que ahora no tienen actividad económica, sean bonificadas por el Concello con el máximo porcentaje legal. Asimismo, quedarán exentos, previa alegación con fotografías, anexos como gallineros o pajares de tamaño reducido y en los que no se realice ninguna actividad.
En el caso de las regularizaciones que se declaren no procedentes tras las alegaciones, se podrá solicitar la devolución de los sesenta euros que se pagan por cada incidencia.