El TSXG falla a favor de la operadora en el litigio por el coste del combustible
05 ene 2016 . Actualizado a las 04:00 h.El Concello deberá afrontar un gasto a mayores en el transporte público de prácticamente medio millón de euros después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya fallado a favor de la operadora del servicio, Tralusa, en el litigio que ambas partes han mantenido por la valoración del coste del combustible. En cuatro fallos emitidos en el último trimestre del 2015 -todos de igual fondo- y contra los que no cabe recurso en vía ordinaria, el alto tribunal gallego ha amparado las reclamaciones de la empresa frente a las liquidaciones municipales de los ejercicios del 2007, 2009, 2010 y 2011.
El TSXG ratifica así las sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Santiago a raíz de los recursos formulados por la empresa, aunque modifica las cantidades reclamadas en tres de esas anualidades. En un caso para bajarla y en dos para incrementarla.
Las discrepancias
Frente a los 110.264 euros que Tralusa demandaba en la liquidación del 2007, el alto tribunal ha fijado 107.650. Más beneficiosos para la operadora del servicio han resultado los fallos judiciales relativos a las liquidaciones del 2010 y el 2011. En el primer caso ha elevado a 125.479 euros el abono pendiente por parte del Concello frente a los 74.147 que fijaba la sentencia en primera instancia. En el segundo, los 108.745 euros iniciales se han quedado finalmente en 124.423.
El tribunal asume que hubo un error de cálculo, según lo expuesto por la empresa en el recurso de apelación que llegó al TSXG. No fue así en la anualidad del 2009, por la que el Concello deberá abonar 128.010 euros, lo que hace un total de 485.562 euros en los cuatro ejercicios.
El fondo del litigio estaba en la discrepancia entre las partes sobre el método aplicable para determinar el coste del combustible y ajustar el coste kilométrico. Según el Concello se debían tomar como referencia las variaciones en el precio medio anual que publica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero el tribunal sostiene que la variación que hay que tener en cuenta es la contrastada «nas facturas de combustible do xestor, debidamente auditadas», como se había resuelto en primera instancia. Indica, además, que la intervención del auditor «aleja el peligro de que el precio del combustible sea fijado, como alega el Ayuntamiento, de forma unilateral por la concesionaria».
Las diferencias entre ambas partes no se limitaban únicamente, sin embargo, al precio del combustible. La concesionaria litigó contra los cálculos de gestión de esas mismas liquidaciones municipales en la parte afectada por el número de pasajeros. Pero ahí sus recursos no han prosperado.
Según el concejal de Mobilidade, Jorge Duarte, estas sentencias derivan de la «mala xestión» de los gobiernos del PSOE y el PP por unas «liquidacións mal efectuadas» y que ahora tendrá que resolver Compostela Aberta.
Tres servicios con sus concesiones anuladas en el 2015
El anterior mandato concluyó con diversas sentencias que corrigieron la política de personal de los gobiernos populares de Conde Roa y de Ángel Currás en lo relativo a los puestos de mayor rango funcionarial. Y el actual ya acumula varias referidas a diversos servicios. No es nada inusual que los administrados e incluso las concesionarias de servicios -como el caso de Tralusa por las liquidaciones del transporte público- litiguen con las Administraciones. Pero en apenas cuatro meses Santiago ha recibido dos sentencias anulatorias de la concesión de sendos servicios, lo que ya hace tres en un año. Las más recientes, el caso de la ORA y de las guarderías de Conxo y Fontiñas. Son asuntos heredados que tendrá que gestionar Compostela Aberta, que no ha perdido la ocasión para arremeter contra sus predecesores más inmediatos en la alcaldía y el «mito que quixeron impoñer» de que fueron «un exemplo de boa xestión» cuando «a Xustiza está a corrixir constantemente os seus erros ou as súas malas prácticas». La primera anulación llegaba sin embargo con el arranque del 2015. La del tren turístico. Y el nuevo contrato está todavía sin resolver, pese a que la decisión judicial es de enero pasado. Pero el actual curso político arrancaba prácticamente en Raxoi con una sentencia en la que, si bien el Concello no era parte directa, sí tenía relevancia para la ciudad. La anulación del estudio de impacto ambiental de la depuradora de Silvouta, lo que cerró el debate sobre la ubicación definitiva de ese equipamiento a favor de O Souto. Y desde CA lamentan que la «mala xestión» de otros condicione su labor de gobierno.