El gobierno prohibirá los elementos fijos en terrazas en la nueva ordenanza
06 oct 2015 . Actualizado a las 09:39 h.La corporación municipal se unió ayer en una declaración institucional a favor de la permanencia de una única titulación de Medicina en Galicia y para que se garantice la financiación para la dotación del Campus da Saúde, que implica el traslado de la actual facultad al entorno del Clínico. La iniciativa la propició una propuesta de los socialistas al hilo del convenio para la docencia clínica de Medicina que tenían previsto suscribir ayer los tres rectores y la Xunta, y que de momento se ha aplazado.
Los cuatro grupos políticos demandan la consideración de que la facultad de Santiago sea la única del sistema universitario gallego, lo que «determina» la renuncia de las otras universidades a impartir ese grado y al ciclo clínico, según exponen en un texto en el que también solicitan a la Xunta una «asignación orzamentaria axeitada» que permita la finalización del Campus da Saúde integrando las facultades de Medicina, Odontoloxía y Enfermería «no menor tempo posible».
Pero no solo la USC centró el interés del pleno en materia educativa. Con iniciativas previas de todos los grupos, otra declaración institucional apoyaba las demandas del colegio de Vite para mejorar su dotación de personal cuidador y docente especializado en pedagogía terapéutica. El pleno no solo reconoció la «defensa desta situación» que ha hecho la ANPA del centro, y que una de sus representantes, María Cernadas, expuso directamente en la sesión, sino que instó a la Xunta a que con «urxencia» adopte las medidas oportunas «para garantir unha resolución satisfactoria» revisando la calificación del centro para ajustar sus ratios «de profesorado e persoal auxiliar á realidade do alumnado con necesidades especiais».
El pleno aprobó también la cuenta general del 2014. Lo hizo con el voto del PP -que defendió su gestión económica ante la crítica generalizada del resto la corporación- y de Compostela Aberta. Frente a la abstención de PSOE y BNG, CA justificó su apoyo por «responsabilidade» y anunció que en breve se llevará a aprobación el plan económico financiero obligado ante la superación del techo de gasto en dicho ejercicio en 2,3 millones.
Y también anunció CA su intención reguladora en materia de terrazas. Lo hizo a raíz de la propuesta del PSOE, apoyada por unanimidad, para que se revise la ordenanza que regula tanto esos elementos como la de publicidad y rotulación. CA está ya con el borrador de la primera, para la que busca un «pacto social» que garantice su perdurabilidad y en la que se prohibirán instalaciones fijas. No se admitirá «ningún elemento que non se poida retirar» a diario, porque «os espazos cidadáns non poden ser privatizados» como hizo, dijo Jorge Duarte, el actual texto, propiciado por el PP. Al margen de su posicionamiento sobre lo que plantee CA, el PP defendió que ambos textos introdujeron ordenación donde no la había, aunque asumió que sí precisan una revisión, para la que ya había dado pasos.
Polémica reiterada
La sesión arrancó reviviendo la polémica del pleno anterior por la no inclusión de una proposición del PP que CA dijo que tenía que tramitar como ruego. El contenido de fondo era el mismo: que el Concello coordine sus actos oficiales. Agustín Hernández acusó a Martiño Noriega de «furtar» el debate de iniciativas opositoras en un «atropelo e falta de ética democrática». El alcalde admitió que no había leído la nueva proposición después de que el exregidor anunciase públicamente que sería idéntica a la anterior, pero irá al siguiente pleno para «pechar esta polémica», dijo, si su formulación no es idéntica, como indicó Hernández.
«Os espazos cidadáns non poden ser privatizados, como fixo a anterior ordenanza»
Jorge Duarte
Raxoi dejará de ingresar 300.000 euros de IBI por el cambio en los suelos delimitados
El Ayuntamiento dejará de percibir 300.000 euros anuales por la consideración como fincas rústicas, a efectos de tributación del IBI, de los suelos urbanizables delimitados que carezcan de plan parcial y que hasta ahora tributan como urbanos. Una sentencia que falló en ese sentido el pasado año obligará a revisar los valores catastrales de esas propiedades, una medida que el Concello ha solicitado ya a la Dirección General del Catastro. Ese es el motivo por el que CA se abstuvo ayer en la iniciativa del PSOE para que se iniciase la tramitación oportuna, pero que prosperó igualmente con el voto de los demás grupos.
Aunque el procedimiento esté ya en marcha, el debate sirvió no obstante para que el gobierno cuantificase ante el pleno la cuantía en que minorarán los ingresos municipales, así como el número de fincas beneficiadas: 1.976 en total, distribuidas en buena parte del entorno de la ciudad, aunque con preeminencia en el norte.
Devolución en el 2016
Según la concejala de Facenda, María Rozas, el Catastro prevé empezar este año con esa revisión aunque es posible que no dé tiempo para que quede reflejada en el próximo padrón del IBI, con lo que los recibos se emitirán inicialmente con los valores actuales. Pero cuando se hayan fijado los nuevos se devolverá la diferencia a los afectados, lo que implica que Raxoi deberá reintegrar 600.000 euros en el 2016 porque la medida afectará también a la cotización del 2015, según apuntó María Rozas.