Después del caso Pokémon y el enorme alcance de la deriva política que abrió en el Concello de Santiago, la operación Patos pudiera parecer «pataca minuta», como diría el todavía inefable José María Caneda. Los palmípedos vuelan alto en el entorno de Vigo y no tanto sobre la capital de Galicia, donde, además, habrá que esperar varias semanas a que el juzgado en el que caiga la pieza separada entre en materia y decida si remite citaciones de imputación a los políticos y técnicos a los que la unidad policial de delincuencia económica ha enfilado en sus pesquisas. De momento, lo que revela la instrucción dirigida desde el sur por la jueza García Campos es de una desfachatez supina: con lo que desde hacía al menos ocho meses estaba cayendo (públicamente) por la Pokémon, en Santiago seguían erre que erre.
¿Pero quién seguía? Los responsables de la concesionaria Cespa eran conscientes de que no estaban jugando limpio y así se deduce de las conversaciones pinchadas, en las que reiteradamente se muestran preocupados porque Pilar de Lara, desde Lugo, tiene el Concello prácticamente intervenido. Con varios miembros imputados en la Pokémon, entre ellos el alcalde Ángel Currás desde principios de enero del 2013, las conversaciones interceptadas desde abril de ese año apuntan directamente a la concejalía de Desenvolvemento Urbano Sostible, en la que estaba al frente una de las dos mandamases de ese desastroso gobierno: María Pardo.
Sea porque el larguísimo historial de Cespa como concesionaria del mantenimiento de zonas verdes de Santiago -el último contrato está en vigor hasta el 2018- la convierte en poco menos que una extensión del departamento municipal con un nivel de confianza intolerable en la gestión de concursos; sea porque haya un juego de intereses en el que políticos y/o técnicos puedan resultar beneficiados -el sumario revela el posible pago de comisiones pero no cuál es el bolsillo final para ese dinero-; sea, en el mejor y más improbable de los casos, por una acción de gobierno bienintencionada pero temeraria en la inobservancia de las más elementales normas de contratación pública..., la conclusión es que el amaño de los concursos, en especial los negociados, era una práctica enquistada, a saber desde cuándo, en la Administración municipal; y que llueve sobre mojado: aquel trienio de los defenestrados Gerardo Conde Roa y Ángel Currás ha sido catastrófico para la ciudad.