La corrupción se ha desinflado como armamento de grueso calibre en el arsenal electoral compostelano, pero no ha desaparecido. Y no lo va a hacer, sino que, en función de las apreturas que se vayan produciendo a lo largo de la campaña, es seguro que este bochornoso asunto volverá con fuerza al campo de batalla en busca de muy dudosos réditos de última hora. La corrupción sigue muy presente en el cielo electoral, en el del Obradoiro y mucho, mucho más lejos, porque apenas hay siglas partidarias en el poder que puedan salir totalmente indemnes de la prueba del algodón de la honradez política. Más aun, la corrupción se ha instalado en el sentir de los ciudadanos como condicionante del voto, pero al mismo tiempo provoca reacciones contradictorias, y estas no hacen otra cosa que alimentar la tolerancia y, finalmente, la pervivencia de prácticas corruptas, cambiando tal vez las formas pero no los fondos.
La esquizofrenia en el sentir político de los ciudadanos alcanza dimensiones de epidemia, no solo en municipios de la Galicia rural sino también en las ciudades. En algunas, como Santiago o Lugo, la última encuesta de Sondaxe eleva la corrupción a la cima de los condicionantes del voto, pero los partidos responsables vuelven a revalidar sus puestos de privilegio en las preferencias de los electores. En ambos casos, la lectura puede ser diáfana: en Santiago se han depurado las responsabilidades políticas y judiciales, pagadas con nombres y apellidos, y la llegada de Agustín Hernández ha abierto un nuevo capítulo que sitúa al PP, incluso, con posibilidades de mayoría absoluta. Algo impensable hace apenas un año. ¿Ha aceptado el electorado las reiteradas disculpas de los líderes del PP por los tres años críticos de este mandato? ¿Basta con encauzar la gestión del Concello por vías de normalidad como ha logrado el actual alcalde? Según las encuestas, al final, sí. Y Agustín Hernández es la garantía de ello. En el caso de Lugo, parece extraerse la conclusión de que una gran parte de los vecinos creen a Clemente López Orozco en su convicción de que finalmente será desimputado en el caso Pokémon.
Pero, ¿y las responsabilidades políticas? La avalancha de casos judiciales que afectan en España a representantes públicos de todos los colores demuestran que a nuestro sistema democrático aún le queda un camino por recorrer para equipararse a otros de nuestro entorno donde este dilema lo tienen más afinado y lo resuelven sin ambages. No hacía falta la intervención de los tribunales -errónea, en primera instancia- para resolver la responsabilidad del gobierno de Ángel Currás que defraudó la confianza de los compostelanos. Con anterioridad, el caso de Conde Roa apuntaba desde el minuto uno a los tribunales.
Aunque esos episodios van quedando atrás como parte de una historia que nunca debió ser de Santiago, difícilmente los rivales del PP van a evitar la tentación de introducir -ya lo hacen en precampaña- las malas prácticas, corruptelas y corrupciones como uno de los argumentos centrales del debate electoral para que, finalmente, las urnas dicten sentencia. En el caso de Compostela Aberta, no hay que olvidar que su embrión fue aquel movimiento de protesta a las puertas del pazo de Raxoi bajo el lema «Santiago de corruptela».
Sin obviar las legítimas, inevitables alusiones a este turbulento pasado reciente, los ciudadanos agradecerán un debate en positivo. Y hasta puede que todos los candidatos salgan ganando.