El pleno de la corporación municipal dio luz verde ayer, con la novedad de la incorporación del secretario Javier Castiñeiras y de la interventora Inmaculada Viña, a la ordenanza reguladora del programa Santiago Suma de inclusión social, con un monto de 1,5 millones de euros.
La propuesta del gobierno compostelano permite a las familias con ingresos inferiores a los límites establecidos por la Xunta para el Risga optar a una renta de solidaridad que el Concello implantará este año, con un reparto en función de los recursos de los solicitantes.
Antes de la entrada en vigor de esta renta social era necesario dar luz verde a una ordenanza reguladora, y este trámite se aprobó ayer de forma inicial. Tras ello se abrirá un período de alegaciones de cara a la formulación definitiva de la regulación.
El hecho de que se tratase de una aprobación inicial indujo a los dos grupos de la oposición abstenerse. Los socialistas estiman que la redacción de la ordenanza es farragosa y considera que debe ser más accesible para la ciudadanía. Asimismo reclamó que la mejora del texto deben participar las asociaciones ciudadanas.
El grupo de Francisco Reyes, que considera que el proyecto ha sido una iniciativa del PSOE asumida por el PP, resalta la necesidad de aclarar las subvenciones nominativas y los conceptos incluidos en la ordenanza.
El BNG lamentó que la propuesta llegase tarde, al final del mandato, «o que a fai sospeitosa». Recalca que no fue contrastada con las entidades sociales y no tiene una dotación económica «clara e suficiente». Además, contiene «eivas» que deben ser corregidas, según el grupo de Rubén Cela.
El pleno dio el plácet definitivo al plan parcial de los suelos 16 y 17 del Monte do Gozo-Aríns, que albergarán en total 1.800 viviendas.
Concentración de Urbaser
Un nutrido grupo de trabajadores de Urbaser se concentró antes del pleno municipal en la praza do Obradoiro para reclamar una solución a los problemas de inseguridad en la prevención de riesgos laborales. En concreto, aluden a cargas excesivas y exposición a pinchos y cuchillos en la recogida. De los 130 trabajadores, 100 padecen esta inseguridad.