La vista oral se aplaza y se ha convocado de nuevo para el 11 y 12 de junio
06 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Siete años han pasado desde que el 29 de marzo del 2008 se produjo el accidente pirotécnico en las fiestas de la Pascuilla de Padrón. Siete años de espera para el joven de Rois David Cortizo, que resultó herido gravemente en un pie, y para la que era su pareja, María Rossana Tarrío, también lesionada. Siete años también de intranquilidad para los siete acusados. Los cuatro representantes de las empresas pirotécnicas Calo y Calvo, que se encargaron de los fuegos, así como para la que era concejala de Festas, Concepción Carneiro (PP), y los jefes en el municipio de la Policía Local y Protección Civil, Francisco Javier Abeijón y José Carlos Seco, respectivamente. Todos tendrán que seguir esperando, porque el juicio que debía iniciarse ayer en Santiago se aplazó por el error en la citación de unos guardias civiles que debían declarar como testigos porque fueron los que firmaron el atestado sobre el siniestro.
La nueva fecha para la vista oral es ahora el 11 y 12 de junio. No obstante, la jornada de ayer no fue del todo baldía. Sirvió para que los abogados de todas las partes y la fiscal del caso comenzarán a negociar un acuerdo de conformidad que evite el juicio y que supondría la aceptación de una pena menor por parte de los siete acusados y el cobro de una indemnización económica para los dos jóvenes que resultaron heridos.
El ministerio público solicita ahora mismo tres años de cárcel para los siete acusados por dos delitos de lesiones imprudentes. Además, les reclama a ellos y al Concello de Padrón que abonen conjunta y solidariamente unas indemnizaciones de 260.000 euros para David Bouzas y de 1.950 euros para la que era su pareja, cuyas lesiones fueron menores.
Tres años de prisión
Los abogados de las dos víctimas solicitan los mismos tres años de prisión para los siete acusados, pero elevan las indemnizaciones reclamadas a 500.000 euros en el caso del joven de Rois y a 9.500 en el de la chica. El pacto que ahora se negociará para intentar evitar el juicio reduciría sensiblemente la pena de cárcel, por lo que ninguno entraría en prisión. La indemnización tendría que pagarse, pero sería también menor del medio millón que reclama el principal afectado.
En su escrito de acusación, la fiscal considera que los representantes de las empresas pirotécnicas actuaron de modo poco diligente al utilizar como cañón un cilindro de aluminio «debilitado por el uso excesivo» y que tampoco tomaron medidas para evitar que los fuegos se humedeciesen con la lluvia y aumentasen su volumen. En cuanto a la concejala y a los jefes de la Policía Local y Protección Civil, la acusación considera que no tomaron medidas de seguridad para evitar que los espectadores, como las víctimas, accediesen al «perímetro de riesgo del recinto».