El debate sobre la urgente necesidad de hacer algo con el depauperado urbanismo gallego ha calado en la sociedad. Hoy existe una cierta concienciación en un ámbito sobre el que a principios de la década pasada la sensibilidad era escasa y se circunscribía a círculos muy concretos. Nadie se atreve a discutir ahora que una edificación con el ladrillo visto es un adefesio que en el fértil campo del feísmo compite de tú a tú con una casa pintada de rosa. Sin embargo, esa asunción colectiva del pecado que nos produce sonrojo cuando cruzamos al otro lado de la ría de Ribadeo no acaba de animarnos a ponerle remedio. Sabemos lo que hacemos mal, pero en las fotografías siguen colándose las huellas de nuestro urbanismo trapalleiro. Qué le vamos a hacer.
El Ejecutivo autónomo ya se puso con el asunto en tiempos de Fraga, pero con escaso éxito práctico, más allá de la referida asunción de la culpa. Touriño retomó la empresa, pero se topó con la inhibición de los alcaldes ante una ley que les exige tirar de las orejas al vecino díscolo. Tendrá la casa a medio hacer, pero hay que pedirle el voto igual. Es el mismo recelo al que se enfrenta el Gobierno de Feijoo. Porque en la colaboración municipal está la llave para que la norma trascienda el papel. El trabajo se presenta inabarcable. A escasos 300 metros de San Caetano, en los aledaños del edificio que aloja la sede de la propia Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, hay casas en ladrillo y esa oda al hormigón que algún día será parque de bomberos. Los cuadernos de caligrafía están bien, pero seguimos estancados en la fase de aprender a limpiar los borrones.