Martiño Noriega y su brazo jurídico Xaquín Monteagudo han emprendido un camino peligroso y de incierto resultado al acudir a la Justicia cada vez que encuentran un desbarajuste en la gestión municipal. En la gestión del pasado, claro está, sea cual sea ese pasado, porque la irrupción de Compostela Aberta en el gobierno local ha marcado el año cero del Concello, la gruesa línea divisoria entre unos gestores calamitosos de la cosa pública y los adalides del buen gobierno, la transparencia y la celeridad en la tramitación de farragosos expedientes. El movimiento se demuestra andando, pero no enfilando cada dos por tres la ruta de Fontiñas, que a este paso Suanzes va a tener que nombrar un fiscal con dedicación exclusiva a los asuntos del Pazo de Raxoi. El movimiento de CA es lento y receloso. Nadie cuestiona que asuntos como el frustrado -por ahora- edificio de los bomberos (más de un millón de euros y subiendo) o la demencial gestión del personal vinculado a los centros socioculturales (otros 662.000 por demandas laborales) han supuesto un grave quebranto para los intereses públicos. Esta pésima gestión, que afecta a gobiernos bipartitos y populares, requiere asumir responsabilidades y demuestra que tanto el funcionamiento de la administración municipal como el control político han sido muy deficientes. En el caso de la gestión de centros socioculturales, Noriega se arriesga a salir escaldado, porque de su gobierno es la responsabilidad de que el servicio se esté prestando sin contrato desde hace más de un año. Así, acudir al fiscal al tiempo que lanza el nuevo concurso suena a maniobra de distracción de tan lentos reflejos.