El Contencioso falla contra Compostela Aberta y obliga al Concello a costear las obras
24 dic 2016 . Actualizado a las 09:57 h.Todas las voces posibles advirtieron al gobierno local de Compostela Aberta (CA) que su pretensión de cobrar a las comunidades de propietarios los arreglos de las aceras afectadas por los vados de acceso a sus garajes era ilegal. Lo hicieron prestigiosos juristas que fueron consultados y también todos los grupos de la oposición. Tanto el PP como el PSOE y el BNG. Sin embargo, la formación que dirige Martiño Noriega perseveró en su errónea interpretación de la ordenanza municipal hasta que el clamor vecinal les hizo dar marcha atrás y costear con fondos públicos las reparaciones. Sin embargo, antes ya habían tramitado una quincena de expedientes y alguno llegó a hacerse efectivo. Una de las comunidades afectadas, la del número 16 de la calle República do Salvador, recurrió en los tribunales y ha ganado la batalla al Concello, una decisión judicial que tumba definitivamente la pretensión del ejecutivo compostelano de desentenderse de la conservación de un bien público como son las aceras.
La sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago, fechada el día 14, es rotunda y meridiana. Estima en su totalidad el recurso de la comunidad de propietarios anulando así por completo la resolución por la que el pasado 23 de mayo el concejal de Convivencia, Xan Duro, desestimó las alegaciones que los vecinos habían presentado contra la exigencia del Ayuntamiento de que arreglasen la zona de acera correspondiente al paso permanente al garaje de su edificio.
Ni cuándo ni cómo
El Concello alegó que estaba plenamente legitimado para exigir a los vecinos la conservación de la acera, así como de ejecutar él mismo las obras y repercutir después el coste a la comunidad de propietarios en caso de que no accediesen a hacerse cargo de los trabajos. El fallo del magistrado José Vicente Alvariño Alejandro, un prestigioso jurista que es además decano de los jueces en Santiago, echa por tierra todos sus argumentos.
Destaca el juez que el gobierno local no concretó en ningún caso ni el momento en el que se produjeron los daños, ni cómo ni tampoco los detalló «siendo que la diligencia del jefe del Servizo de Proxectos e Obras del Concello, del 9 de febrero del 2016, no es suficiente ni válida a tales efectos, no bastando para tener acreditados los daños en el edificio de que se trata la referencia a las incidencias recibidas de informes de la Policía Local y del Servizo de Atención á Cidadanía recogiendo, según se expresa, denuncias de particulares», señala en su decisión..
Añade la sentencia que el gobierno que preside Martiño Noriega necesariamente debería haber justificado la causa concreta que había provocado los daños a reparar «lo que tampoco está debidamente fundamentado, todo lo cual incide y afecta al presupuesto de reparación, descripción y valoración o importe, que se contiene en el informe del técnico municipal de Vías e Obras, de 2 de febrero del 2016», especifica el fallo. Es decir, que el ejecutivo local no ha logrado acreditar ni cómo ni cuándo se produjeron unos daños que tampoco especifica, por lo que es imposible hacer responsable de ellos a los vecinos.
El Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago obliga además al Ayuntamiento a pagar las costas que ha generado el procedimiento judicial. Contra la sentencia no cabe recurso alguno.