El alcalde no quiere «nin imaxinar» el coste del derribo en A Quinta da Auga
SANTIAGO
Noriega revela que ya van «20 ó 30» casos de sentencias con apercibimiento de pago de su bolsillo particular
10 dic 2016 . Actualizado a las 11:47 h.«Traio a gorra para pasárvola», les dijo ayer el alcalde compostelano Martiño Noriega a los informadores. La ironía tiene su fundamento en una providencia del un juzgado de Santiago del 18 de noviembre, que le ha impuesto una multa de mil euros, repetible mientras no ejecute una sentencia judicial que significa el derribo de una parte del hotel A Quinta da Auga, en Brandía.
El regidor ayer no tenía aún constancia de la imposición de la multa, de la que recibió una advertencia el pasado 3 de noviembre, pero para él es «algo desagradable». Recalcó que ya lleva «20 ó 30 casos» de apercibimiento judicial sobre su patrimonio, por sentencias heredadas de los gobiernos predecesores, que pudo solucionar.
A Noriega el origen del asunto del hotel le pilla de lejos, ya que se trata de una sentencia del año 2010 que anulaba un convenio de la época de Xosé Sánchez Bugallo como alcalde con la empresa promotora del hotel (Lorygar S.L.).
El convenio (año 2009) establecía una permuta de terrenos en la que Lorygar recibía un espacio de uso público para poder ampliar las instalaciones de A Quinta de Auga con un spa y otras dependencias hoteleras. La justicia lo anuló por un error de método en la valoración de las parcelas y la ausencia de un informe de Intervención. Y, con ello, quedó en fuera de juego la licencia que se le concedió a Lorygar para la edificación del spa.
Inicialmente se creyó que el asunto era perfectamente subsanable, pero las sucesivas actuaciones del Concello de cara a ese objetivo no cuajaron. Noriega, pese a todo, declaró ayer que están trabajando servicios jurídicos y administrativos para encontrarle una solución a este brete urbanístico, basándose en la corrección del origen del problema, es decir, la permuta. En esa línea estratégica, el gobierno de Noriega ya llevó adelante diferentes actuaciones municipales.
Pero él mismo es consciente de que debe ser el juez quien valide la estrategia del Concello. Por lo de pronto, en la providencia del 18 de noviembre, el juez del Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago dice que los documentos que le remitió el Concello aún no van bien encaminados. Si no admite la estrategia municipal, el derribo estará a la vista y supondrá un elevado quebranto económico para el patrimonio municipal que pondrá en jaque a la propia institución municipal. «Non o quero nin imaxinar», dice Noriega, quien recuerda que el edificio tiene licencia, concedida hace siete años.
Aval técnico
Aunque la responsabilidad es de otro gobierno, Noriega prefiere no valorar esa decisión, pero sí recalca que bajo su mandato el Concello recibió sentencias de legislaturas anteriores que obligan a Raxoi a pagar más de tres millones de euros. Lo que sí le parece «inxusto» es que las multas vayan dirigidas a su bolsillo.
«Se o alcalde executa a sentenza non ten que pagar nada», refiere el portavoz socialista Paco Reyes, quien no responsabiliza a Sánchez Bugallo porque el convenio estaba avalado por informes técnicos, «pero o xuíz non coincide con eles». Reyes cree que en el juicio no se entendió bien la defensa del Concello.