Mejor si se queda en un calentón, impropio en todo caso de un representante institucional, producto del momento electoral y en medio de la polémica suscitada por el presunto trato de favor del edil responsable de urbanismo a pubs. No es una buena opción la judicialización de la vida municipal, que es lo que ocurrirá si el alcalde lleva a cabo su amenaza de poner en manos de la Fiscalía todo expediente supuestamente irregular procedente de los gobiernos anteriores, sean bipartitos o populares. Una cosa es la falta de diligencia, incluso la ineptitud en la resolución de los asuntos del Concello, y otra distinta la presunción de responsabilidades penales en torno a asuntos fallidos. ¿Es este el caso del parque de bomberos? Sabido es que este proyecto, producto de una buena idea bajo el mando de Bugallo para un servicio contraincendios comarcalizado, ha devenido en despropósito con onerosas cargas para el erario municipal. Ahora, por iniciativa de Noriega, será la Justicia la que entre a valorar si hay otro tipo de responsabilidades más allá de las puramente administrativas. Igual que en el caso que ha puesto bajo sospecha a su edil Jorge Duarte, solo que en el mal asunto de las copas nocturnas es la Fiscalía la que va al Concello, y no al contrario, producto de una denuncia de cuyo origen no hay motivo para sospechar, que se sepa, por mucho que el PP viniera siguiéndole la pista a los supuestos excesos técnicos del político-arquitecto que rebate a los propios técnicos municipales. Tratar de confundir hablando de electoralismo y politización no es manera de respetar a la Justicia, que es la que marca los tiempos, no los políticos ni los periodistas.